En Chimbote, el problema del transporte interprovincial informal sigue siendo una herida abierta que las autoridades parecen no querer cerrar. Las declaraciones recientes del gerente de Transporte de la Municipalidad Provincial del Santa, David Arréstegui Sánchez, y del jefe de la Policía Nacional de Tránsito en la provincia, confirman lo que la ciudadanía percibe hace tiempo: que ninguna de las instituciones involucradas asume plenamente su responsabilidad.
Por un lado, el gerente municipal afirma que la Municipalidad ya ha cumplido con señalizar las zonas rígidas y prohibir la presencia de estos vehículos informales, responsabilizando directamente a la Policía Nacional de Tránsito de hacer los operativos y sancionar a los infractores. Por otro lado, el coronel de la PNP pide mayor compromiso a la Municipalidad para identificar y señalizar los espacios, sugiriendo que aún falta trabajo desde el lado edil. En resumen, ambos funcionarios tienen razón en parte, pero en lugar de coordinar, se limitan a pasarse la pelota.
Mientras tanto, los hechos son claros. Los vehículos informales que cubren la ruta Chimbote–Trujillo operan todos los días, a la vista de todos, desde zonas como el Terminal Terrestre o Megaplaza. Para evitar los controles en Coishco, hacen recorridos alternativos que incluyen desvíos hacia Cambio Puente, lo que significa una perdida de hasta 45 minutos, obligando a los pasajeros a perder ese tiempo innecesariamente y a un viaje más largo e incómodo.
Lo más preocupante es que la competencia legal para sancionar existe y ambos funcionarios lo saben. No estamos frente a un vacío normativo, sino ante una evidente falta de voluntad política y de coordinación institucional. Las autoridades tienen múltiples puntos estratégicos para realizar operativos: el mismo Megaplaza, las salidas hacia Coishco, ahora lo pueden hacer hasta en la vía de Evitamiento y los accesos a la Panamericana. Sin embargo, los controles son escasos, los operativos esporádicos y los pasajeros siguen expuestos a servicios informales que carecen de garantías mínimas de seguridad.
Los usuarios, por su parte, se ven obligados a elegir entre un transporte informal que puede ser más rápido pero riesgoso, y un transporte formal que ofrece un servicio deficiente, con buses antiguos y rutas que ahora toman hasta tres horas y media para cubrir el tramo a Trujillo. En un mercado tan desordenado, el gran ausente es el Estado en todos sus niveles.
La pregunta que queda en el aire es simple: ¿quién defiende al pasajero? ¿Quién vela por su derecho a un transporte seguro, rápido y eficiente? Hoy por hoy, ni la Municipalidad ni la Policía parecen asumir el liderazgo que se necesita. Este es un llamado a ambas instituciones para que dejen de responsabilizarse mutuamente y actúen de manera conjunta. Los pasajeros no pueden seguir pagando el precio de la desidia y la inacción. Además la SUTRAN debe revisar las unidades de esas empresa formales que ahora hacen tres horas y media a Trujillo.