Luego de tres días de audiencia:
La jueza de la Corte del Santa, Lizz Muñoz Betteta ordenó 18 meses de prisión preventiva contra siete sujetos sindicados como integrantes de la banda criminal “los estafadores de Shaloom” dedicada a delitos de estafa, tráfico ilícito de drogas en la modalidad de microcomercialización, receptación agravada, tenencia ilegal de armas y falsedad genérica en banda criminal.
La medida alcanzó a Luis Enrique Segura Laurencio (31), Jean Carlos Pozo Paz (36), Paulo Alberto Rodríguez Díaz (29), Francisco Genaro Segura Quiróz (38), Santos Junior Maldonado Espinoza (29), Grover Maverid García Verde (25) y Cristian Joel Machay de los Santos (33), quienes permanecerán recluidos en el penal de Cambio Puente hasta el 1 de marzo de 2027, mientras duren las investigaciones.
De acuerdo con la investigación fiscal, el 2 de setiembre de 2025 personal de la AREINCRI-Chimbote realizaba un operativo en el A.H. Ramal Playa y el P.J. La Victoria, cuando intervino a un mototaxi con un pasajero en actitud sospechosa. Se trataba de Luis Enrique Segura Laurencio, a quien se le halló tres bolsitas con clorhidrato de cocaína.
Tras ser capturado, Segura guió a los agentes hasta un inmueble en Ramal Playa, donde operaba el resto de la organización. En el lugar fueron intervenidos los demás imputados.
Durante el registro domiciliario, la Policía encontró 14 bolsitas con clorhidrato de cocaína listas para su microcomercialización, chalecos y casacas con logos de la PNP, insignias policiales falsas, computadoras, impresoras, códigos QR de Yape e Izipay y documentos de la empresa Shalom Empresarial SAC. También se halló una motocicleta requisitoriada que estaba parcialmente camuflada.
Según la Fiscalía, la organización acondicionó el inmueble como si fuera una oficina policial y una agencia de encomiendas Shalom, con el fin de generar confianza en sus víctimas.
A través de esta fachada, ofrecían en redes sociales la venta de motocicletas y encomiendas; sin embargo, tras recibir las transferencias de dinero, desaparecían sin entregar los bienes.
Luego de tres días de audiencia, el Ministerio Público logró acreditar la existencia de graves y fundados elementos de convicción. La jueza consideró que se cumplen los presupuestos del artículo 268 del Código Procesal Penal, entre ellos el peligro procesal, y declaró fundado el pedido de prisión preventiva contra todos los imputados.
Los siete investigados permanecerán recluidos en el penal de Cambio Puente hasta el 1 de marzo de 2027, mientras concluyen las diligencias.