Afirma que hay intereses subalternos y políticos contra la universidad
El término de observaciones insubsanables carece de sustento jurídico dentro del marco normativo de SUNARP y ese término no se encuentra ni en la ley SUNARP, ni en el Reglamento de Registros Públicos y su uso manifiesta desviación de los principios de legalidad en el ordenamiento jurídico administrativo peruano. Agrega que existen intereses subalternos y políticos que buscarían entorpecer el proceso de licenciamiento ante la SUNEDU.
Eso manifiesta Javier Ulloa Siccha, rector de la Universidad San Pedro acompañado de los vice rectores Rogelio Castañeda Gamboa y Javier Martínez Carrión en el pronunciamiento de nueve páginas que han hecho llegar a un grupo de congresistas con la finalidad de entorpecer la segunda votación del dictamen a favor de las universidades asociativas sin fines de lucro creadas por ley y que no están licenciadas.
Asegura Ulloa Siccha y sus vice rectores que la negativa sistemática al reconocimiento de sus órganos de gobierno podría configurar una estrategia de desposesión institucional con fines económicos o de control político lo cual resultaría éticamente reprochable sino también jurídicamente cuestionable y posiblemente pasible de acciones legales, por abuso de autoridad y colusión.
Concluye ese pronunciamiento que envió a un grupo de congresistas que el dictamen en cuestión vulnera los principios constitucionales como la autonomía universitaria y que es una iniciativa sin base legal ni técnica y que responde a intereses subalternos y no a un compromiso de calidad educativa.
DESESPERADO
Por su parte el Secretario General del Sindicato de Trabajadores no Docentes de la Universidad San Pedro, Juan Roncal, dijo ayer que Javier Ulloa Siccha está desesperado y por eso salió en conferencia de prensa y ahora ha enviado un pronunciamiento de congresistas porque la segunda votación de la ley para las universidades asociativas, ya viene.
Hay muchas cosas que Ulloa Siccha no dice, porque en el tema del licenciamiento ellos han contratado a una persona para que elabore los expedientes pero no han cumplido. Además, el último que lo hizo y lo entregó fue en octubre del 2024 y ya se va a cumplir un año y sino se presenta antes de esa fecha se pagó, por ese trabajo, en vano, señala Roncal.
Agrega que el objetivo fundamental de la ley de las universidades asociativas es proteger a la universidad, a los estudiantes , tiene mecanismos para una transición ordenada, por eso se tiene que aprobar esa ley. Ellos no van poder obtener la personería jurídica y es fundamental como requisito para el licenciamiento y él(Ulloa) parece no entenderlo, dijo Juan Roncal.
NOTA DE REDACCCION.- Javier Ulloa Siccha parece no tener memoria y lógicamente acomoda las razones que ha sustentado en la conferencia de prensa del viernes pasado (que no invitó a este Diario) y en el pronunciamiento que remitió a un grupo de congresistas y que obra en nuestro poder, a su interés personal. Él no se acuerda que en la asamblea del 19 de enero del 2023 le dijeron y le advirtieron que no forme el comité electoral, que iba a tener problemas. No hizo caso porque ya había estructurado su maquinaria para ser rector. Lógicamente sus asesores estaban fuera de la realidad y los hechos nos dan la razón, porque han llegado hasta el final del camino y a él lo único que se le ocurre, es decir, “existen intereses subalternos y políticos que buscarían entorpecer el proceso de licenciamiento ante la SUNEDU”. Es decir, desde el 19 de enero del 2023 había fuerzas ocultas que querían que la universidad se postrara. Para su enrevesado pensamiento y los de sus asesores esas fuerzas ocultas están en SUNARP. Hay cuatro observaciones incluyendo la del Tribunal Registral (segunda instancia) y sigue pensado en las fuerzas ocultas que impiden su inscripción. Las dos notarias que tramitaron esas solicitudes hacia SUNARP le recomendaron hacer elecciones, pero él no quiso hacerlas, porque a esas alturas nada le garantizaba que iba a seguir como rector. Sino aceptó dar un paso al costado, lo que venga es de su absoluta responsabilidad. Lo más triste y lamentable que en esa asamblea universitaria habían personas con títulos, grados y con capacidad de entendimiento y discernimiento, nos preguntamos, como han permitido llegar a este extremo?. Ellos también son culpables. Ahora eligen una nueva asamblea universitaria cuando está de por medio el estatuto del 2014 y como para seguir burlándose de las normativas insisten en el estatuto que no esta inscrito en SUNARP. Entonces son las personas de la actual gestión las culpables de las desgracias de la Universidad San Pedro. Ese dictamen en el congreso es la luz al final del túnel y se deberá aceptar esas condiciones para asegurar la transición que tanto se busca. ( El Editor)