Cadena perpetua:
La seguridad ciudadana es hoy uno de los mayores desafíos del país. Las calles se han convertido en escenario de delitos cada vez más violentos: extorsiones, sicariatos, secuestros y homicidios calificados se han multiplicado en los últimos años, generando zozobra en la población. En ese contexto, la reciente incorporación al Código Penal del delito de criminalidad sistemática Ley 32446 que sanciona con cadena perpetua a quienes cometan estos actos, es una señal clara de que el Estado busca enfrentar la criminalidad organizada con toda la severidad de la ley.
El presidente del Instituto Nacional Penitenciario (Inpe), Iván Paredes Yataco, ha destacado que esta medida permitirá clasificar a los internos de máxima peligrosidad en un régimen cerrado especial, con el fin de proteger la tranquilidad de los peruanos. La cadena perpetua no solo cumple un papel punitivo, sino también disuasivo, al advertir a los posibles infractores que sus actos no quedarán impunes y que la sociedad no tolerará delitos que atenten contra la vida y la seguridad.
Sin embargo, el impacto real de esta norma dependerá de la capacidad del sistema penitenciario para absorber a quienes sean condenados. Actualmente, los establecimientos penitenciarios del país albergan a más de 26 400 internos vinculados a estos delitos: más de 22 mil por robo agravado, cerca de 900 por extorsión, sicariato y secuestro, y casi cuatro mil por homicidio calificado. Esta realidad evidencia un problema urgente: el hacinamiento carcelario, que no solo pone en riesgo la seguridad interna de los penales, sino que en muchos casos los convierte en centros de operación de las propias organizaciones criminales.
Por ello, resulta imprescindible que esta medida vaya acompañada de un plan ambicioso de construcción y modernización de cárceles, así como de un incremento del presupuesto destinado a fortalecer la seguridad penitenciaria y contratar más agentes de custodia. De nada servirá endurecer las penas si no contamos con infraestructura adecuada para albergar a los sentenciados y garantizar que cumplan su condena en condiciones que impidan que sigan delinquiendo desde el interior de los penales.
En paralelo, debe continuarse con el impulso de programas de trabajo y educación en las cárceles, política que el Inpe viene promoviendo para que los internos asuman su condena de manera productiva y reduzcan la carga económica que representan para el Estado. Esta estrategia permite que los recursos públicos se destinen a otras áreas prioritarias como salud y educación, mientras se fomenta la reinserción social de quienes en el futuro recuperen su libertad.
La cadena perpetua es, sin duda, una herramienta jurídica poderosa para frenar la violencia y la delincuencia organizada. Pero solo será efectiva si se combina con una reforma penitenciaria integral que aborde el hacinamiento, fortalezca la seguridad interna y asegure que los penales cumplan su función de reeducación y resocialización. El país exige acciones firmes, pero también soluciones sostenibles.