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El caso está referido a una denuncia por la presunta comisión de los delitos de coacción, estafa y abuso de autoridad en el desalojo de terrenos ubicados en el ingreso norte de la ciudad de Casma.
Según la disposición fiscal desde el 10 de octubre se iniciarán las diligencias para las declaraciones testimoniales de los implicados; del mismo modo, se solicitará a la Sunarp la partida registral de la referida empresa.
El Fiscal Juan Zevallos Rodríguez también ha dispuesto remitir a las fiscalías especializadas en delitos de corrupción de funcionarios los delitos denunciados contra la administración pública como negociación incompatible, trafico de influencias y enriquecimiento ilícito.
Esta investigación corresponde a la denuncia que formuló el ciudadano Wilmer Edison López Camacho quien ha sido citado para rendir su declaración el próximo 10 de octubre.
Según el escrito de denuncia, se postula como hechos materia de imputación que “el Proyecto Miami Beach Peruano, dirigida por José Verona Baluarte y Leonardo Calderón Valdiviezo, está violando todos los derechos fundamentales de las personas de Casma, al desalojar de sus propiedades a quienes, con sacrificio compraron sus terrenos, teniendo cada uno de ellos sus constancias de posesión, planos y recibos de no adeudos, desalojando de sus propiedades”.
“A lo largo de todo este tiempo se ha venido publicando información periodística donde se puede apreciar que el Sr. Luis Homero Leiva Cárdenas, quien no se encontraba inscrito en registro público, pero sí tenía documentos de compra del fundo en el Banco de Crédito, vendió el 02 de Junio del 2009 a las Sra. Doris Erminia de Cabello, un Fundo del Carmen de 44.4 hectáreas por la suma de S/. 216,000.00 dólares, y el año 2012 cuando acabó de pagar, le realizó una constancia de no adeudo y una compra y venta vía notarial, con la promesa que al salir de inscripción saldría ella registrada en los registros públicos (SUNARP), pero el Sr. Luis Homero Leiva Cárdenas, se enteró que pasaba por ese lugar la Carretera de Pativilca, teniendo como 345 mil de beneficio, procediendo en el año 2013 a anular dicho contrato, lo cual fue impedido por el Juzgado”, agrega la denuncia.