La reciente sanción a un conductor de cámara isotérmica perteneciente a la empresa Kathy Mar S.A.C., sorprendido vertiendo aguas servidas en plena vía pública de la urbanización Los Olivos, debe entenderse como un hecho trascendental para Nuevo Chimbote. No estamos frente a un simple episodio aislado, sino ante una práctica recurrente y reincidente que por décadas ha contaminado nuestras calles, deteriorado los espacios públicos y puesto en riesgo la salud de los vecinos.
En nuestra ciudad, los vehículos que transportan productos hidrobiológicos, especialmente las llamadas cámaras isotérmicas, han sido identificados reiteradamente como responsables de este tipo de vertimientos. Sin embargo, durante muchos años este problema fue tratado con indiferencia por las autoridades municipales. Esa pasividad generó un mensaje de impunidad: que nada ocurría, aunque se ensuciaran las pistas, se generaran malos olores y se atentara contra la salud colectiva. Esa historia de permisividad explica por qué, aún en pleno siglo XXI, seguimos siendo testigos de un acto tan reprochable como arrojar aguas contaminadas en plena vía pública.
El accionar reciente de la Municipalidad de Nuevo Chimbote, imponiendo una multa ascendente a S/ 1,070 equivalente al 20 % de una UIT, debe interpretarse como un punto de quiebre. El distrito no puede seguir tolerando prácticas contaminantes que convierten nuestras calles en focos de infección. Pero al mismo tiempo, este paso debe ser apenas el inicio de una política de fiscalización más enérgica, constante y con sanciones que realmente tengan efecto disuasivo.
Porque lo cierto es que, para empresas con ingresos elevados, una multa de poco más de mil soles puede ser asumida como un costo operativo más y no necesariamente como un castigo ejemplar. En ese sentido, es necesario que la municipalidad eleve la severidad de las sanciones cuando se trate de reincidencias. Suspender licencias, inmovilizar unidades o incluso denunciar penalmente por atentar contra la salud pública deben ser medidas que entren en la agenda si queremos erradicar estas conductas.
No se trata solo de sancionar: se trata de proteger a la ciudadanía y de defender el derecho de todos a vivir en un ambiente sano. La contaminación del espacio público no es un mal menor. Es un problema de salubridad que puede desencadenar enfermedades, afectar la calidad de vida de los vecinos y, además, proyectar una imagen de atraso y desorden urbano. Ningún distrito que aspire al progreso puede permitirse que sus calles se conviertan en canales de desechos líquidos.
Por ello, saludamos que la autoridad edil haya pasado de la parsimonia de antaño a la acción decidida. Pero esta firmeza debe sostenerse en el tiempo, no limitarse a un operativo puntual. Los vecinos merecen ver que existe una estrategia permanente de control y sanción, que las empresas cumplen las normas y que quien contamina paga las consecuencias.
En adelante, las multas deben ser ejemplares y las medidas correctivas ineludibles. Solo así lograremos que estas prácticas, que por décadas se han tolerado, finalmente queden en el pasado. La salud pública, el medio ambiente y la dignidad de nuestra ciudad lo exigen.