El Parque Metropolitano, ubicado en los humedales de Villa María, es hoy escenario de un conflicto que pone en evidencia las contradicciones y falencias de la gestión urbana a lo largo de los últimos años. Por un lado, se trata de una zona que, mediante ordenanza municipal, dejó de ser industrial para convertirse en una Zona de Tratamiento Especial (ZTE), lo que significa que su uso está regulado de manera estricta con el fin de proteger el ecosistema y preservar este espacio natural en beneficio de toda la comunidad. Por otro lado, la herencia de malas decisiones de anteriores gestiones municipales, que vendieron terrenos sin prever el cambio normativo, ha dejado un vacío legal que algunos propietarios intentan aprovechar para levantar construcciones a pesar de la prohibición expresa.
Este es el caso de la reciente construcción ilegal que se ejecuta en pleno Parque Metropolitano. La Municipalidad Provincial del Santa ya ha advertido a la empresa responsable, le ha impuesto sanciones y ha iniciado un procedimiento administrativo sancionador que debería culminar con la demolición de la infraestructura levantada al margen de la ley. Sin embargo, los trabajos continúan desafiando la autoridad edil y atentando contra un espacio natural que tiene un valor incalculable.
La defensa de los humedales de Villa María no es un simple capricho burocrático. Estamos hablando de ecosistemas frágiles que cumplen funciones vitales: regulan el clima local, permiten la filtración de agua, albergan biodiversidad y ofrecen a la ciudad un pulmón verde que contrarresta la contaminación y el crecimiento urbano descontrolado. Permitir que intereses privados destruyan estas áreas con construcciones ilegales equivale a hipotecar el bienestar de las futuras generaciones.
La municipalidad, en este sentido, tiene la obligación moral y legal de hacer cumplir la ordenanza que protege el Parque Metropolitano. Pero también debe asumir un liderazgo firme para corregir las distorsiones heredadas de gestiones pasadas. La venta irresponsable de terrenos en zonas que posteriormente fueron declaradas especiales fue un error histórico que hoy acarrea conflictos sociales, legales y ambientales. No obstante, la solución no puede ser mirar hacia otro lado ni aceptar hechos consumados. Es necesario afirmar el principio de autoridad, aplicar sanciones ejemplares y, si es necesario, judicializar los casos de reincidencia.
La ciudadanía, por su parte, también debe involucrarse. Defender los humedales de Villa María no es solo tarea de la municipalidad ni de los ambientalistas. Es un compromiso de todos los habitantes de la provincia que entienden que el desarrollo urbano no puede darse a costa de la destrucción ambiental. La ciudad necesita crecer, pero hacerlo de manera ordenada y sostenible, respetando sus zonas naturales y sus espacios públicos.
El caso del Parque Metropolitano debe marcar un antes y un después. Si se permite que esta construcción ilegal se consolide, el mensaje será devastador: cualquiera puede pisotear la ley y destruir lo poco que queda de nuestras áreas protegidas. Si, por el contrario, se actúa con firmeza y se procede a la demolición, se sentará un precedente histórico en defensa del orden, del ambiente y del futuro de la ciudad.