Audiencia será este jueves:
La Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Huaraz, a través de su Segundo Despacho de Lavado de Activos, solicitó al Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria de la Corte Superior de Justicia de Áncash la prisión preventiva por 18 meses contra el exalcalde distrital de Yuracmarca, Miguel Ángel Huiza Paulino, así como contra Juan Víctor Barreto Maguiña y Brayan Brisler Aro Paulino, investigados por los presuntos delitos de lavado de activos y banda criminal en agravio del Estado.
El requerimiento fue presentado por el fiscal provincial Lucho Rolando Díaz Támara, quien expuso que el exburgomaestre habría encabezado un esquema sistemático de lavado de activos durante y después de su gestión municipal (2019–2022). Para ello, presuntamente utilizó empresas de fachada y personas de su entorno familiar y de confianza, con el propósito de ocultar el origen ilícito de fondos procedentes de presuntos actos de corrupción.
Entre las empresas vinculadas figuran Grupo Ecofort E.I.R.L., Grupo Ecorenova Perú E.I.R.L., Grupo Peel Perú E.I.R.L. y Grupo H.I.C. Perú E.I.R.L., las cuales habrían sido beneficiadas con contrataciones públicas por más de seis millones de soles, pese a no contar con capacidad económica ni técnica acreditada.
Las investigaciones permitieron identificar actos de conversión, transferencia y ocultamiento patrimonial, como la construcción de un inmueble de cinco pisos en el sector Nueva Florida de Huaraz, la adquisición de vehículos y maquinaria pesada, y el incremento de capital en empresas constituidas por supuestos testaferros.
Además, se habrían hallado vínculos económicos, registrales y familiares entre los investigados, lo que demostraría un control indirecto sobre las empresas involucradas para dar apariencia de legalidad a los activos obtenidos ilícitamente.
El Ministerio Público viene sustentando el pedido en dos audiencias, acreditando los presupuestos establecidos en el artículo 268° del Código Procesal Penal, entre ellos la existencia de graves y fundados elementos de convicción, una prognosis de pena superior a ocho años y el peligro procesal de fuga y obstaculización, considerando el poder económico y las conexiones políticas del principal investigado.
El requerimiento fiscal continúa en trámite ante el Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria de Huaraz, que evaluará la solicitud en audiencia pública programada para este jueves 9 de octubre.