El reciente incidente protagonizado por una suboficial de la Policía Nacional del Perú en un bus de transporte urbano ha vuelto a colocar sobre la mesa un debate que el país parecía haber resuelto: ¿hasta dónde llega el derecho del pase libre de los efectivos policiales en el transporte público? La escena una discusión subida de tono, la intervención de otros agentes y la posterior detención del conductor expuso no solo un abuso de autoridad, sino también una confusión sobre el verdadero sentido de una norma que busca facilitar el servicio policial, no otorgar privilegios personales.
La Ley N.° 26271, vigente desde hace casi tres décadas, establece que los miembros de la Policía Nacional pueden movilizarse gratuitamente en el transporte público únicamente cuando se encuentran en servicio y debidamente uniformados. La razón de ser de esta disposición es garantizar su presencia inmediata ante situaciones de emergencia, reforzando así la seguridad ciudadana. Es decir, no se trata de un beneficio personal ni extensible a familiares o acompañantes, sino de una herramienta funcional al cumplimiento del deber.
Sin embargo, el caso de la suboficial Judith Tereza Cuba Lara desnaturaliza completamente el espíritu de la ley. Según lo ocurrido, la agente vestida de civil y acompañada de su esposo e hijo exigió el pase libre no solo para ella, sino también para sus familiares. Ante la negativa del conductor José Manuel Villafuerte, la discusión escaló hasta derivar en la intervención de siete efectivos de Tránsito y en la detención del chofer. Todo esto, en medio de un clima de indignación de los pasajeros que registraron los hechos y los difundieron en redes sociales.
El episodio no solo revela un uso indebido de la autoridad, sino que pone en entredicho la conducta ética de quienes deben dar el ejemplo. En momentos en que la población muestra una creciente desconfianza hacia la Policía, en parte por los vínculos de algunos malos elementos con mafias extorsivas, incidentes como este resultan gravísimos. Lejos de fortalecer la imagen institucional, la debilitan y alimentan el descrédito social.
La reacción de la ciudadanía fue inmediata y contundente. Las imágenes de la detención injustificada circularon por todo el país, generando rechazo y repudio. Y con razón: ningún policía, por más uniforme o credencial que tenga, puede utilizar su condición para imponer privilegios. La ley no ampara abusos. La autoridad debe ejercerse con prudencia, respeto y transparencia, no con soberbia.
El Ministerio del Interior y el Comando de la PNP tienen la obligación de actuar con firmeza ante este caso. Si se pretende recuperar la confianza ciudadana, los actos arbitrarios deben ser sancionados con la misma severidad con que se exige disciplina a los conductores o ciudadanos comunes. El pase libre, en su concepción original, es una herramienta de servicio; en manos equivocadas, se convierte en un símbolo de abuso.
El país necesita una Policía respetada, no temida. Y ese respeto se gana no con prerrogativas, sino con ejemplo, vocación y conducta intachable.