La reciente amenaza de muerte contra la fiscal especializada en materia ambiental del Santa, Evelyn Lamadrid Vences, es un hecho que no solo conmociona, sino que también desnuda las profundas carencias de protección que sufren los funcionarios públicos que se atreven a enfrentar las mafias organizadas detrás de los delitos ambientales. Ella, su esposo e hijos fueron amenazados la semana anterior con un mensaje que no deja lugar a dudas sobre la intención criminal de quienes buscan silenciarla. El caso se conoció cuando la propia fiscal denunció los hechos ante su institución y reveló que no contaba con resguardo policial, a pesar de haberlo solicitado con la urgencia que el caso ameritaba.
No es la primera vez que Lamadrid enfrenta esta situación. En el año 2019 ya había sido amenazada por mineros informales, pero en aquella oportunidad sí contaba con protección policial. La diferencia ahora fue la demora en la reacción institucional, lo cual expuso innecesariamente a ella y a su familia. Afortunadamente, tras las gestiones de la presidenta de la Junta de Fiscales Superiores del Santa, finalmente se dispuso que un efectivo de Seguridad del Estado la acompañe de manera permanente. Es una medida necesaria, pero tardía, que evidencia que en el Perú aún es más difícil ser un fiscal que luchar contra los criminales.
Evelyn Lamadrid dirige una de las fiscalías más importantes del distrito judicial del Santa. No solo investiga los delitos vinculados a la minería ilegal, sino también a toda una red oscura de actividades informales que afectan al ecosistema marino: fábricas clandestinas donde se elaboran conservas de pescado sin control sanitario, centros de secado al aire libre que contaminan el ambiente, y almacenes donde se acopian toneladas de productos de origen dudoso. Estos casos golpean intereses económicos poderosos que han operado durante años en la sombra, amparados en la inacción o la complicidad de algunos sectores.
Resulta indignante que los fiscales que actúan con integridad tengan que exponerse a amenazas de muerte para cumplir con su deber. Su función es garantizar que se cumpla la ley, pero el Estado debería garantizar que puedan hacerlo sin temor. Es inadmissible, que una investigación por delitos ambientales termine poniendo en riesgo la vida de quien la conduce. Por ello, la sociedad debe expresar su respaldo a la fiscal Lamadrid y exigir al Ministerio del Interior que su protección no sea simbólica ni temporal, sino efectiva y sostenida.
Las mafias que depredan el ambiente, trafican con recursos naturales o manipulan el comercio pesquero no pueden seguir actuando con impunidad. La fiscal Lamadrid representa a muchos otros fiscales y funcionarios honestos que siguen creyendo que el Estado de derecho vale la pena defender. Protegerlos es también proteger la justicia y la esperanza de un país que no debe rendirse ante la corrupción, ni la cobardía del crimen organizado.