Por: Fernando Zambrano Ortiz
Analista Político
El reciente escenario político en el Perú ha dado un giro que podría marcar un antes y un después en la historia republicana del país. La vacancia de la presidenta Dina Boluarte por incapacidad moral, tras su evidente fracaso en la lucha contra el crimen organizado, ha encendido nuevas alarmas y ha abierto, al mismo tiempo, una inesperada oportunidad para corregir el rumbo institucional del país.
José Jerí, presidente del Congreso, ha asumido la Presidencia de la República conforme al mecanismo de sucesión constitucional. Su primer acto de gobierno ha sido la conformación de un nuevo Gabinete Ministerial, encabezado por Ernesto Álvarez jurista conservador, ex presidente del Tribunal Constitucional y figura reconocida por su defensa del orden legal. Este gesto no solo ha sido simbólico, sino profundamente político: un corte tajante con el dominio de los sectores progresistas que, durante los últimos veinticinco años, han operado en las sombras del Estado.
No se trata de una simple renovación de funcionarios. Lo que está ocurriendo es un desmontaje de un sistema de poder que había colonizado buena parte del aparato público, con una agenda ideológica clara: silenciar opositores, mantener el control de las instituciones y moldear la democracia a su conveniencia. El Congreso, pese a sus múltiples cuestionamientos, ha cumplido un rol clave en empezar a desarticular este entramado.
Sin embargo, la batalla no ha terminado. El sistema de administración de justicia específicamente el Poder Judicial, el Ministerio Público y algunas ONG aliadas de izquierda sigue siendo un bastión de ese viejo poder de facto. La actual Fiscal de la Nación se ha permitido desobedecer resoluciones de la Junta Nacional de Justicia (JNJ), mientras que el Poder Judicial la protege, la repone y actúa como una isla de impunidad, desconectada del orden constitucional. Este escenario de anarquía judicial representa una grave amenaza para la democracia.
Más allá de poses políticas, el presidente José Jerí debe asumir posiciones políticas firmes. No basta con remangarse la camisa y posar como un técnico moderado; lo que el país exige es dureza en la lucha contra las extorsiones y el crimen en las calles, así como una reforma urgente del Poder Judicial y la Fiscalía. Si en los meses que le quedan al frente del país contando con un presidente del Consejo de ministros con evidente talante democrático y un Congreso que lo respalda no emite mensajes claros ni realiza acciones directas y tan duras como la población espera, estará tentando a que las calles le metan otro “merinazo”. El tiempo para las medias tintas ya pasó.
Si el Perú aspira verdaderamente a unas elecciones libres y limpias en 2026, es imperativo que se emprenda una reforma inmediata del Ministerio Público y del Poder Judicial. No puede haber garantías de transparencia mientras fiscales y jueces actúan arbitrariamente, aplicando o ignorando las leyes a su conveniencia y bajo intereses ideológicos.
El país ha logrado avances significativos al desalojar del Estado a muchos de los operadores que lo secuestraron durante décadas. No se puede permitir un solo paso atrás. La responsabilidad del Ejecutivo y del Congreso es histórica: limpiar las instituciones, garantizar un sistema de justicia independiente y confiable, y blindar el proceso electoral del 2026 contra cualquier intento de manipulación desde el poder.
La democracia no puede seguir siendo rehén de minorías ideologizadas ni de redes de poder que operan desde la oscuridad. Hoy más que nunca, el Perú necesita un Estado fuerte, transparente y sometido al imperio de la ley. Solo así, y no de otra manera, se podrá recuperar la confianza ciudadana y construir un futuro con verdadera justicia y libertad.