La Contraloría General de la República ha puesto nuevamente el dedo en la llaga. Esta vez lo ha hecho a través de dos informes que revelan lo que desde hace tiempo se sospechaba: los proyectos ejecutados bajo la modalidad de gobierno a gobierno por la Autoridad Nacional de Infraestructura (ANIN), contratos NEC, están desbordando todo límite presupuestal y técnico. Los casos del Hospital de Apoyo San Ignacio de Casma y del Hospital de Recuay son una clara muestra de que algo no funciona bien en este modelo de gestión, y que el Estado, en lugar de garantizar eficiencia, está reproduciendo los mismos males que prometió erradicar.
El caso del hospital de Casma es escandaloso. El proyecto, que en el 2021 fue presupuestado en poco más de 115 millones de soles, hoy cuesta 445 millones, un incremento del 384%. Y lo más preocupante: apenas tiene un 58% de avance físico. El contrato NEC una de las principales características de los convenios de Estado a Estado permite los llamados “eventos compensables”, un mecanismo que en la práctica otorga al contratista la posibilidad de reclamar más dinero y más tiempo cada vez que se presentan “circunstancias imprevistas”. El resultado está a la vista: presupuestos inflados y obras paralizadas.
En Recuay, el panorama no es distinto. El hospital comenzó con un presupuesto de 97 millones y hoy supera los 456 millones de soles, un aumento de 370%. La Contraloría ha advertido que la obra se encuentra paralizada por falta de recursos, mientras la ANIN no puede sincerar ni el costo final ni la fecha de entrega. Es decir, se construyen hospitales que no curan a nadie, pero que enferman las finanzas públicas.
Ya no se trata de un caso aislado. Lo mismo se dijo cuando se descubrieron deficiencias en la obra del colegio Gastón Vidal Porturas en Nuevo Chimbote. Ahora la historia se repite, y la ANIN guarda silencio. Ni una explicación clara, ni una asunción de responsabilidades. Las alertas de la Contraloría deberían provocar una inmediata reacción del Ejecutivo y del Congreso, porque el problema ya no es técnico, sino estructural.
El modelo de gobierno a gobierno fue concebido para acelerar proyectos emblemáticos y asegurar transparencia; sin embargo, en la práctica se ha convertido en un esquema opaco, de costos imprevisibles y escasa rendición de cuentas. Antes de continuar con este formato se debe sincerar los procedimientos por que tal como lo ha manifestado el decano del colegio de ingenieros de nuestra ciudad en los contratos NEC el contratista, sub contrata todo y es imposible el control.
La región Áncash tiene en la actualidad los hospitales de Caraz y de Pomabamba en plena ejecución también con ANIN y se ha terminado y ya funciona el de Yungay. Esos cuatro hospitales deben avanzar en terminarse ahora ya se conoce a que atenernos con esas inversiones.
Los hospitales de Casma y Recuay deben completarse, pero con responsabilidad, fiscalización y transparencia. La ANIN tiene que rendir cuentas, y el Estado debe recordar que cada sol malgastado es una vida que se posterga en los pasillos de un hospital que sigue sin abrir sus puertas.