Por: Walter Miguel Quito Revello
Mientras en otros países el Estado arremete contra las mafias, aquí las mafias firman resoluciones. La Bahía El Ferrol empieza a pagarlo.
La renuncia de Dina Boluarte con todo el ruido político que levantó postergó este artículo. Pero aquel martes 7 de octubre de 2025, mientras el país discutía si había o no vacancia, leí en el Diario de Chimbote una nota que me dolió más que cualquier discurso: “Otorgan concesiones mineras en la Península El Ferrol”. Publicado originalmente en el Diario de Chimbote, el 7 de octubre de 2025.
Ahí estaba, en blanco y negro, lo que muchos temíamos: nuestro mar, nuestra bahía, entregados por resolución. No a los pescadores, no a las familias que viven de las redes y del amanecer, sino a empresas que jamás mojaron los pies en el muelle. Desde ese día, el aire huele distinto en la costa: huele a pólvora, a dinamita y a silencio oficial.
Porque ese silencio también contamina. Ni el Gobierno Regional de Áncash, ni el Gobierno Provincial del Santa, ni los cinco congresistas por Áncash abrieron la boca. Todos callaron como si la Bahía del Ferrol no fuera parte de su tierra, como si el mar no tuviera voz. Pero su silencio grita lo que ya todos sabemos: que el poder en este país lo ejercen las organizaciones criminales, disfrazadas de empresas, de autoridades, de partidos.
Mientras en Estados Unidos o Canadá una organización criminal sería perseguida, desmantelada y enfrentada con el peso del Estado y hasta con el Ejército si hiciera falta, en el Perú son ellas las que gobiernan. Se sientan en los despachos, redactan las normas, deciden las licitaciones y firman concesiones. Y cuando los pueblos reclaman, les mandan fiscales, policías o jueces domesticados.
La Bahía El Ferrol, ese refugio que nos dio alimento, identidad y orgullo, está ahora marcada por las mismas manos que entregaron el puerto, los hospitales y las obras fantasmas. Dicen que es “solo exploración minera”, pero todos sabemos que esa es la primera mentira del expediente. Primero viene la exploración, luego la explotación, después el despojo. Y cuando todo esté muerto, vendrán con discursos sobre “el desarrollo” y “la inversión privada”.
El gobernador Koki Noriega que se pasea hablando de “progreso regional” no ha dicho una sola palabra. Y el alcalde provincial, que debería defender el corazón de la bahía, parece conforme con mirar desde su despacho, como si la contaminación no fuera a llegar al muelle ni a la mesa del pescador. ¿Y los cinco congresistas ancashinos? Ni un pronunciamiento, ni una sesión, ni una carta al Ministerio de Energía y Minas. Nada. Se callan porque no hay cámara, ni micrófono, ni voto en juego.
Así gobiernan las mafias: desde el silencio y la complicidad. Y así sobreviven, infiltradas en cada nivel del Estado, en las comisarías, en las fiscalías, en las direcciones regionales, en las oficinas donde se decide quién gana un contrato o una concesión. En otros países, los capos temen al Estado. En el Perú, el Estado les pertenece.
Nos gobiernan las organizaciones criminales porque ya no se esconden: ahora usan ternos, firman convenios y posan en ceremonias públicas. Son los mismos que hablan de “reactivación económica” mientras envenenan la bahía; los mismos que predican “gobernabilidad” mientras amordazan a sus pueblos.
Pero aún hay quienes no se resignan. Los pescadores, los obreros, los vecinos que cada madrugada sienten que el mar se retira un poco más. Ellos saben que detrás de cada concesión hay una traición, y detrás de cada silencio, una firma.
Por eso, este reclamo no es técnico: es político y moral. Queremos ver los expedientes en Geocatmin, las resoluciones firmadas, los estudios ambientales, las fechas, las firmas y los nombres. Queremos saber quién vendió la bahía y bajo qué silencio. Exigimos tres cosas concretas: 1. Suspensión inmediata de cualquier actividad en la península hasta que se revise públicamente cada permiso y estudio ambiental; 2. Publicación íntegra de los expedientes en las páginas de Ingemmet, la Municipalidad del Santa y el Gobierno Regional de Áncash; 3. Sesión pública de rendición de cuentas, con presencia de los cinco congresistas, el gobernador y el alcalde, frente al pueblo que los eligió.
Porque si las instituciones no defienden el mar, lo haremos nosotros. Con denuncias, con movilización y con palabra. El mar no se vende; se defiende. La Bahía del Ferrol no necesita discursos ni promesas. Necesita dignidad. Y eso no se compra ni se concesiona.
Porque cuando el crimen gobierna, el silencio del pueblo es su mejor cómplice.