Lo que está ocurriendo en el Instituto Carlos Salazar Romero no puede pasar inadvertido. Las recientes denuncias sobre el alquiler irregular de locales dentro del amplio terreno de esta institución educativa exponen un problema que va mucho más allá de un simple desacuerdo administrativo. Se trata, en realidad, de una señal preocupante de descontrol, permisividad y falta de fiscalización por parte de las autoridades educativas, que deben responder con claridad ante la opinión pública.
El Instituto, con un terreno que supera una manzana, ha permitido que se instalen locales comerciales en sus espacios libres, generando ingresos que, en teoría, deberían destinarse al mantenimiento o mejora del propio plantel. Sin embargo, lo que debía ser una oportunidad para beneficiar a la comunidad educativa se ha convertido en un foco de conflicto. Las irregularidades comienzan con el uso de energía eléctrica: los establecimientos comerciales requieren conexión y consumo, y allí han empezado los problemas, tanto técnicos como administrativos.
No se trata solo del uso de la infraestructura pública para fines privados, sino del manejo opaco de los recursos que se generan. La Contraloría General de la República ya había advertido, en informes anteriores, que los contratos de alquiler dentro de algunas instituciones educativas carecen de fiscalización y transparencia. En el caso del Instituto Carlos Salazar Romero, esta advertencia parece haberse cumplido con precisión. Los alquileres se realizaron sin la debida supervisión, y no existen reportes públicos sobre el destino de los ingresos obtenidos.
La educación pública no puede seguir siendo terreno fértil para los negocios sin control. El uso de espacios escolares con fines comerciales, sin que existan reglas claras y una rendición de cuentas, erosiona la confianza de la comunidad y deja la sensación de que algunos directivos aprovechan su posición para obtener beneficios al margen de la ley. Si hay instituciones que generan ingresos adicionales, estos deben canalizarse mediante mecanismos transparentes y verificables, con la intervención de la Dirección Regional de Educación.
Hoy, cuando la denuncia se ha hecho pública sobre el uso de la corriente eléctrica, corresponde a las autoridades actuar con firmeza. No basta con declaraciones o promesas de investigación: se necesitan sanciones ejemplares si se confirma que hubo irregularidades. También es necesario revisar la normativa que permite los alquileres en terrenos escolares y establecer límites estrictos para evitar que la educación se mezcle con intereses económicos personales.
El Instituto Carlos Salazar Romero tiene una historia reconocida en la formación técnica y profesional, y merece recuperar su prestigio. Para ello, se requiere que sus dirigentes rindan cuentas y que los órganos de control cumplan con su deber. La comunidad educativa y la sociedad tienen derecho a saber qué se hizo con los recursos obtenidos y bajo qué condiciones se alquilaron los espacios. Solo así se podrá garantizar que los bienes públicos vuelvan a servir, como debe ser, a los estudiantes y no a los negocios de unos pocos.