La reciente jornada desarrollada por la Autoridad Nacional del Agua (ANA) en la Institución Educativa Experimental de la Universidad Nacional del Santa representa mucho más que una simple charla informativa. Es, en esencia, una apuesta por el futuro, un llamado urgente a formar ciudadanos conscientes sobre el valor del agua, un recurso cada vez más escaso y amenazado por el mal uso, la contaminación y la indiferencia.
En el caso de Nuevo Chimbote, una ciudad que enfrenta serios desafíos ambientales desde la sobreexplotación de fuentes hídricas hasta la deficiente gestión del saneamiento, sembrar en los jóvenes una verdadera cultura del agua es una inversión de largo plazo. No basta con campañas de limpieza o anuncios de restricción; se requiere educación sostenida, con contenido práctico y emocional que conecte a las personas con la responsabilidad de cuidar cada gota.
La labor de la ANA al promover espacios de reflexión en las escuelas debería replicarse en todos los niveles del sistema educativo. La conciencia ambiental no puede limitarse a fechas conmemorativas o a proyectos aislados. Necesita institucionalizarse en el currículo, como parte de una estrategia nacional que articule educación, tecnología y políticas públicas coherentes.
Hoy más que nunca, los estudiantes deben entender que el agua no es un recurso inagotable ni gratuito, sino un bien común que exige gestión responsable, equidad y compromiso social. De su comportamiento y conocimiento dependerá el equilibrio ambiental de las próximas décadas.
Por ello, es alentador que instituciones como la ANA asuman este liderazgo, pero el reto real está en que las autoridades locales, las universidades y la ciudadanía se sumen con acciones concretas. Educar para cuidar el agua no puede seguir siendo una opción: es una obligación moral y una política de supervivencia.
Recta final hacia las primarias
El proceso electoral entra a su etapa decisiva. Este 31 de octubre vence el plazo para que los partidos políticos inscriban oficialmente a sus precandidatos, quienes participarán en las elecciones primarias del 30 de noviembre. Se trata de una fase clave del calendario electoral, pues definirá quiénes representarán a cada organización en los comicios generales del próximo año.
Sin embargo, el país enfrenta este proceso con un clima de desconfianza ciudadana hacia la clase política. Muchos de los aspirantes provienen del propio aparato estatal y han debido renunciar a sus cargos públicos para postular, lo que reabre el debate sobre el uso del poder como trampolín electoral. La transparencia y la fiscalización deben ser, por tanto, principios ineludibles en esta etapa.
El reto para los partidos no solo es cumplir con la formalidad de las primarias, sino demostrar democracia interna real, con elecciones abiertas y procesos legítimos que reflejen la voluntad de sus militantes. De lo contrario, el sistema continuará siendo un espacio cerrado donde los mismos nombres se reciclan elección tras elección.
La ciudadanía también tiene una responsabilidad: vigilar, informarse y exigir. Las primarias no deben pasar desapercibidas, porque en ellas se empieza a definir el futuro político del país. Lo que ocurra en noviembre será una primera muestra de qué tan dispuestos están los partidos a renovarse o, por el contrario, a seguir repitiendo viejos vicios de la política nacional.