Por: Walter Miguel Quito Revello
José María Arguedas escribió alguna vez que “el derecho que nace de la tierra no necesita abogados”. En esa frase tan simple y tan profunda resumía una visión de justicia que no pasa por los códigos, sino por la sangre. Era la justicia comunal, la que brota del trabajo colectivo, del respeto a los ríos, a los cerros y a la semilla. Hoy, más de medio siglo después de su muerte, esa justicia sigue ausente en los valles de la costa, en lugares donde la tierra sigue siendo madre y, sin embargo, el Estado la trata como mercancía.
El Valle de Nepeña, en la provincia del Santa, es un espejo de esa herida. Allí donde las acequias antes eran canales de vida, ahora corren aguas negras, filtraciones químicas y desechos industriales. Y mientras los campesinos pelean por mantener un pedazo de tierra, la justicia formal esa que Arguedas habría llamado “ajena y sin alma”—dicta sentencias que siempre terminan a favor de los poderosos.
En el 2024, comunidades cercanas al canal La Huaca en San Jacinto denunciaron filtraciones de desechos industriales provenientes de la Agroindustrias afectando el riego de cultivos. Los agricultores aseguran que las autoridades ambientales “solo hacen visitas de oficina”. En otro reporte, el Diario de Chimbote (julio de 2023) alertó sobre la contaminación de las acequias y el desinterés de la Autoridad Local del Agua (ALA), que prefiere multar a los pequeños posesionarios antes que sancionar a los grandes.
En Capellanía, al sur del valle, más de 200 hectáreas de humedales según denuncian vecinosÇ fueron destruidas para ampliar terrenos agrícolas. El Ministerio Público, pese a las denuncias por delitos ambientales, no ha avanzado. Los fiscales archivan los casos o los “devuelven” por falta de pruebas, como si los testimonios del pueblo valieran menos que los informes de las consultoras.
Arguedas decía que “la justicia del Estado no comprende el dolor del indio”. En Nepeña, no comprende el dolor del agricultor. Cuando la tierra muere, muere también su historia.
Los juzgados del Santa son hoy escenarios donde los posesionarios pierden sus terrenos por decisiones basadas en un “derecho formal de propiedad” que ignora la posesión ancestral y el trabajo directo. Los jueces formados bajo códigos europeos dictan sentencias que Arguedas habría llamado “de la boca del extranjero”. En su ensayo No soy un aculturado advirtió que el país está lleno de leyes que no hablan el idioma del pueblo.
En 2022, el congresista Elvis Vergara recibió denuncias de posesionarios de Veta Negra, en Nepeña, hostigados e impedidos de ingresar a sus parcelas (Informe N.° 841-2022-2023-EMVM-CR). Las autoridades judiciales, en vez de protegerlos, respaldaron desalojos a favor de antiguos adjudicatarios privados. Así, la justicia se convierte en instrumento del despojo.
El Ministerio Público tampoco es neutral. Según Áncash Noticias (2024), la mayoría de denuncias por contaminación en San Jacinto han sido archivadas. Cuando los comuneros reclaman, les exigen estudios costosos; pero aceptan sin reparos los informes de las empresas. El campesino que no puede pagar un peritaje no tiene justicia. El que no puede contratar abogado queda condenado al silencio.
Si en el siglo pasado los gamonales eran los dueños del agua, hoy lo son las instituciones del Estado. El INRENA y la ALA actúan como guardianes del orden agroindustrial. Los posesionarios que intentan formalizar su uso de agua son rechazados “por falta de título”, mientras que las empresas reciben resoluciones favorables. En 2023, la ALA del Santa suspendió la licencia de riego a pequeños agricultores de Samanco, mientras una exportadora de arándanos amplió su zona de riego. Los nuevos hacendados ya no llevan látigo, sino credenciales del Estado.
En agosto de 2024, el Diario de Chimbote denunció que posesionarios del centro poblado San José fueron desalojados sin orden judicial clara, por efectivos policiales que actuaron “en ejecución administrativa”. Nadie explicó de dónde salió la orden. El derecho se ha convertido en una maquinaria que no mira personas, sino sellos. Arguedas lo habría entendido: es la justicia del papel contra la justicia del barro.
Pero no todo está perdido. En las reuniones de los agricultores de Nepeña aún se oyen palabras que parecen salidas de Los ríos profundos. Hablan del agua como un ser vivo, de la tierra como madre, del derecho que nace de la comunidad. Ese es el sueño de Arguedas que aún resiste: un país donde el campesino no tenga que pedir permiso para sembrar, donde el agua no sea mercancía, donde la justicia también tenga corazón.
En un Perú donde los tribunales repiten doctrinas extranjeras y el Estado protege a los poderosos, los campesinos del Valle de Nepeña son los últimos herederos de esa justicia que nace de la tierra.
Ellos los que riegan con la poca agua que les dejan, los que levantan acequias con sus manos, los que siembran maíz donde antes hubo caña son la voz viva de Arguedas, aunque nadie los escuche.