El pasado martes 21 del presente a raíz de las denuncias públicas de los estudiantes sobre la forma como se utilizaban los servicios eléctricos del Instituto Tecnológico Superior Carlos Salazar Romero opinamos en esta misma página sobre la urgencia de la fiscalización de los entes encargados de hacerlo, dos días después ante la presión estudiantil que pusieron cadenas para impedir el ingreso al Instituto llegaron las autoridades de la DREA.
Por fin, después de mucho tiempo llegó la entidad rectora que tiene a su cargo el Instituto, la entidad de la cual está bajo su jurisdicción. Tuvo que haber una medida de fuerza para que ello ocurra.
El director general de administración y hasta el propio director regional de educación son los personajes que llegaron aquí para apagar el incendio que amenazaba con expandirse ante la desidia y el olvido existente.
Aquí en estas páginas en noviembre del 2022 publicamos el informe de Contraloría sobre este caso que seguimos denunciando, es decir los alquileres de los espacios al interior del instituto y que no tenían orden ni tampoco fiscalización. En ese momento el órgano de control lo advirtió, pero en la DREA no le hicieron caso.
Ha pasado más de dos años y seis meses y las cosas lógicamente tenían que empeorar porque ahora los alumnos estaban denunciando los robos de la corriente eléctrica por parte de los inquilinos de esos espacios.
Después de la intervención de la DREA tuvo que salir el director encargado porque no es titular y se ha colocado en su reemplazo a un profesor, por lo tanto, por ahora se esperan las investigaciones porque así lo ha n prometido el director de la DREA y que nuevamente intervenga la contraloría porque los estudiantes han recurrido a dicho órgano de control.
Lo cierto es que los alquileres se mantienen desde hace mucho tiempo y los clientes van cambiando, pero hay dos locales que son los más grandes y continúan allí. Económicamente son los más importantes.
Creemos que la DREA debe de ser fuerte y señalar como se ha administrado esos ingresos porque no solo se trata de alquileres de espacios algunos considerables como Muelle 27 y Pacifico Motors, sino también de alquileres del campo de fútbol y del garaje que lo cobra según ese informe de Contraloría el propio vigilante.
Si ahora no se toman medidas para ordenar ese desbarajuste entonces todo podrá ocurrir al interior de dicho instituto. Debe haber alguna auditoria para conocer con detalle que fue del destino de ese dinero que se ha recaudado año a año y que no es una suma cualquiera.
No debemos olvidar tampoco que en el gobierno regional existe un proyecto donde se elabora el expediente técnico para la reconstrucción del instituto. El proyecto es el Mejoramiento y por lo que se ha conocido y hemos publicado sobrepasará los 100 millones de soles.
El día que ese proyecto encuentre su viabilidad y empiece a trabajarse, esos locales no van a estar más por lo menos eso es lo que aquí suponemos. Pero lo cierto es que el Instituto Carlos Salazar Romero ya merece ser tratado de una manera diferente y que las autoridades regionales lo tomen en serio.