Por: Fernando Zambrano Ortiz
Analista Político
La inseguridad ya no es una amenaza lejana ni un titular pasajero. Es la señora que abre su bodega con miedo a recibir una amenaza, el transportista que teme no volver a casa por no pagar cupos, el padre que vive con la incertidumbre de no saber si su hijo regresará sano y salvo. Es la realidad cotidiana de millones de peruanos que sienten que el crimen ha ganado demasiado terreno.
Durante demasiado tiempo, las bandas criminales actuaron con total impunidad, mientras el Estado respondía con lentitud o con leyes débiles. El resultado está a la vista: calles tomadas por el miedo, barrios sitiados, comerciantes extorsionados, transportistas amenazados y familias enteras viviendo en zozobra.
Frente a esta situación, la Ley N.º 32446, que incorpora el delito de criminalidad sistemática en el Código Penal del Perú, representa una señal firme y necesaria. Esta norma establece que quienes cometan determinados delitos graves como parte de organizaciones criminales, usando armas de fuego, explosivos u otros medios similares, recibirán la pena máxima: cadena perpetua.
Los delitos que pueden ser castigados con esta pena son extorsión agravada, sicariato, secuestro agravado, homicidio calificado y robo agravado, siempre que sean ejecutados por estructuras criminales organizadas y generen terror o zozobra en la población. No se trata de castigar hechos aislados ni pequeños delitos, sino de enfrentar con toda la fuerza de la ley a quienes han hecho del crimen una maquinaria de miedo y violencia.
Esta decisión no es populismo penal, como algunos quieren hacer creer. Es una respuesta firme frente a mafias que no conocen límites. La cadena perpetua no es un castigo simbólico: es un mensaje claro y contundente para quienes han elegido vivir fuera de la ley y a costa del sufrimiento de otros. Significa que si decides aterrorizar a la sociedad, nunca volverás a caminar libre.
Es cierto que ninguna ley por sí sola resuelve un problema tan profundo. Su eficacia dependerá de una buena inteligencia policial, de fiscales y jueces preparados, de un sistema penitenciario sólido y de políticas preventivas que eviten que más jóvenes caigan en las redes del crimen. Pero también es cierto que esta ley representa un paso importante: devuelve a la ciudadanía la idea de que el Estado no está cruzado de brazos, que puede y debe proteger a la gente honesta.
Algunos dirán que esto es “mano dura”. Pero cuando extorsionar, matar y sembrar miedo se ha vuelto casi rutinario, la tibieza no es opción. Esta no es una ley para atemorizar inocentes. Es una ley para ponerle freno a quienes han hecho de la violencia su negocio.
La cadena perpetua no es venganza. Es protección para millones de peruanos. Es un mensaje de esperanza para quienes hoy viven bajo amenaza. Es recuperar la idea de que la justicia está del lado de quienes trabajan y construyen, no del lado de quienes destruyen.
Cuando el crimen se organiza para aterrorizar a un país, la justicia debe responder con claridad y firmeza. Y esta vez, con esta ley, el Perú ha decidido hacerlo.