A propósito del Informe de Contraloría sobre los Desembarcaderos Pesqueros Artesanales que se han publicado en la víspera sobre las ineficiencias de Fondepes, será importante recordar lo que sucede con el Desembarcadero Pesquero de Chimbote.
El Desembarcadero Pesquero Artesanal (DPA) de Chimbote, que debería ser una pieza clave para el desarrollo económico y social de los pescadores artesanales, se ha convertido en un ejemplo de abandono y desidia estatal. Lo que alguna vez se proyectó como un punto de apoyo para la modernización del sector pesquero hoy es un espacio estancado, sin inversión y sin gestión eficiente.
El Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero (Fondepes), entidad adscrita al Ministerio de la Producción, sigue en deuda con Chimbote. A los problemas que ya ha señalado la Contraloría en el desembarcadero pesquero de Huarmey, se suma la situación crítica del de Chimbote, donde los proyectos comprometidos duermen en los escritorios. Se trata de dos iniciativas urgentes: la construcción del emisor para las aguas servidas y la loza principal hasta el muelle. Ambos proyectos, necesarios para garantizar condiciones adecuadas de sanidad y operatividad, permanecen paralizados. Incluso, uno de los expedientes técnicos ha sido rechazado hasta tres veces, lo que evidencia la incapacidad o la falta de voluntad para resolver los errores que impiden su ejecución.
La burocracia de Fondepes es un obstáculo permanente. Desde antes de la pandemia existe el proyecto del emisor de aguas servidas, pero el paso de los años solo ha traído más dilaciones. La ineficiencia institucional convierte en “eterno” lo que debería ser una obra de rápida solución. Mientras tanto, los pescadores siguen trabajando en condiciones precarias, sin infraestructura adecuada y sin servicios básicos que aseguren la salubridad del lugar.
A este panorama se suma la indiferencia de la Dirección Regional de la Producción (Pesquería), que parece haberse desentendido por completo de su papel fiscalizador y administrador. En lugar de asumir un liderazgo activo, sus funcionarios actúan como simples observadores, limitándose a cumplir un horario sin mayor compromiso con la realidad del desembarcadero. El colmo de la negligencia se refleja en el caso de la Asociación de Buzos Isla Blanca, cuyo contrato fue resuelto en julio, pero que sigue administrando la infraestructura como si nada hubiera pasado. La Dirección Regional no ha actuado para hacer respetar la decisión administrativa.
El resultado de todo este desorden es un desembarcadero sumido en el abandono. La infraestructura está detenida entre la burocracia limeña y la indiferencia regional. Nadie asume responsabilidades, nadie rinde cuentas y nadie defiende los intereses de los pescadores que día a día dependen de ese espacio para sobrevivir.
Chimbote, ciudad que históricamente ha sostenido gran parte de la actividad pesquera del país, no merece este trato. La modernización del DPA no puede seguir siendo una promesa archivada. Fondepes y la Dirección Regional de Pesquería deben actuar con urgencia, transparencia y eficiencia. La pesca artesanal requiere de infraestructura digna, de planificación técnica y, sobre todo, de autoridades que entiendan que el desarrollo no se logra con discursos, sino con obras concretas.
El Desembarcadero Pesquero de Chimbote no necesita más reuniones ni diagnósticos: necesita acción. Mientras eso no ocurra, seguirá siendo otro símbolo de cómo la burocracia y la falta de gestión siguen hundiendo al sector pesquero en el mar del olvido.