El Ministerio de Educación a través de sus direcciones respectivas he emitido la resolución directoral mediante el cual han denegado el licenciamiento del Instituto de Educación Superior San Pedro, que es propiedad de la Universidad San Pedro.
La causa de esta decisión según lo menciona la resolución es porque el propietario de dicho instituto es un ente cuyo representante no cuenta con personería jurídica. No cumplió con los requisitos que señalan las normas para este tipo de solicitudes como las que hizo el Instituto.
Con precisión, la resolución indica lo siguiente “de acuerdo a las normas vigentes ingresaron al buscador de la Sunarp y como resultado la partida registral N° 11028145 del Registro de Personas Jurídicas de la Oficina Registral de Chimbote, correspondiente a la Universidad San Pedro, se verificó que en dicha partida no se encuentra inscrito ningún poder de representación conferido al señor Javier Leopoldo Ulloa Siccha”.
Es decir, no solo se trata de la Universidad que no puede conseguir su licenciamiento porque ni tramitarlo han podido porque entre los requisitos se encuentra la vigencia de poder para la principal autoridad y todos conocemos y sabemos que SUNARP rechazó hasta en cuatro oportunidades la solicitud realizada por Ulloa Siccha.
A pesar de tener cuatro observaciones incluida una del Tribunal Registral (segunda instancia), siguen insistiendo sin tener razón alguna y además le han solicitado las actas de las asambleas que certifican los hechos y esas actas no existen.
Ahora a raíz de la carta notarial remitida por Rogelio Castañeda Gamboa a Gilmer Díaz Tello para que inscriba el estatuto del 2018 por una resolución judicial de por medio, ha salido a luz que hay varios asambleístas de ese momento, que han fallecido y otros que Ulloa despidió, por lo tanto esas actas no se van poder presentar, pero insisten.
Aquí lógicamente está de por medio ese juez que lo exige, quizás en otro contexto, pero que debe conocer que el registro público observó hasta en cuatro oportunidades la inscripción de Ulloa Siccha.
Además, en el supuesto que inscriban ese estatuto, nos preguntamos, que solucionará esa orden judicial, si estamos en el 2025. Sin duda que los asesoramientos son por personas que no han ido a la facultad de derecho, por eso los garrafales errores que se han sucedido.
Por ahora se espera que en las siguientes horas se promulgue esa ley de las universidades asociativas que es la tabla de salvación para aquellas que están sin licenciamiento y en problemas por los mecanismos que excepcionalmente se otorgarán.