En el Perú actual, lamentablemente, el avance de la criminalidad y las extorsiones se ha vuelto un fenómeno que azota a todo el país. No existe lugar donde las amenazas no estén a la orden del día. La inacción de las autoridades y la insuficiencia de los mecanismos de control han permitido que el miedo y la violencia se conviertan en parte de la vida cotidiana de los ciudadanos.
La situación es crítica. Los asesinatos se multiplican en diferentes regiones y, pese a los esfuerzos declarativos, no se han encontrado fórmulas efectivas para enfrentar esta ola delictiva. Sin embargo, en las últimas semanas, la intervención directa del presidente de la República y el anuncio de un mayor presupuesto para el año 2026 en materia de seguridad permiten, al menos, vislumbrar un intento por retomar el camino correcto. Pero las promesas, si no se traducen en resultados concretos, quedarán solo en palabras.
Hacemos esta reflexión porque nuestra región no es ajena a estos hechos de violencia. En nuestras propias ciudades y distritos hemos visto cómo la delincuencia se ha infiltrado en todos los niveles. El reciente atentado con un artefacto explosivo en la vivienda del alcalde provincial de Huarmey, Cavino Cautivo Grasa, es una prueba alarmante de que el crimen organizado ya no teme desafiar a la autoridad.
Las amenazas son evidentes y se espera que la Policía Nacional pueda esclarecer los hechos y determinar responsabilidades. Sin embargo, cuando los criminales actúan con tanta audacia, utilizando explosivos y métodos propios de organizaciones sin escrúpulos, el mensaje es claro: el Estado ha perdido control en zonas donde debería imponerse el orden y la ley.
Tras el atentado, el alcalde Cavino Cautivo ofreció una conferencia de prensa en la que, visiblemente afectado, manifestó incluso la posibilidad de renunciar al cargo, alegando que las amenazas estarían vinculadas a temas relacionados con la ejecución de obras. Además, se difundió un video en el que aparece contando dinero, el cual afirmó provenir de una entidad financiera, situación que también deberá ser aclarada ante la opinión pública y las autoridades competentes.
Estos hechos no solo evidencian la vulnerabilidad de nuestras autoridades locales, sino también la urgencia de fortalecer los sistemas de control y transparencia. Según el portal de Transparencia Económica del MEF, la Municipalidad Provincial de Huarmey, bajo la gestión de Cautivo Grasa, ha ejecutado hasta la fecha el 59.2% de su Presupuesto Institucional Modificado, cifra que podría llegar a 70% hacia fin de año. Sin embargo, más allá de los porcentajes, lo que hoy preocupa es la seguridad misma de quienes gobiernan y de toda la población.
El crimen no solo se combate con recursos, sino con decisión política, inteligencia operativa y sanción ejemplar. El Estado no puede permitir que la violencia se normalice ni que los funcionarios públicos sean intimidados por mafias que buscan controlar las decisiones locales. Es momento de actuar con firmeza y demostrar que la autoridad todavía tiene sentido en el Perú.