Por: Lic. Maximo E. Contreras Valerio
El Perú atraviesa una nueva crisis política que se llevó puesta a la presidenta, Dina Boluarte, luego de tres años en el poder. El Congreso fue quien la destituyó para que asuma el residente del Poder Legislativo, José Jerí. Este nuevo jefe de estado es el sexto presidente destituido en los últimos diez años en Perú, una situación que despertó el enojo de miles de jóvenes de la generación Z que se movilizaron en contra del sistema político. La protesta comenzó de manera pacífica, pero se tornó violenta al caer la noche cerca del Congreso, donde se produjeron fuertes enfrentamientos entre manifestantes y la Policía que terminó con al menos un muerto y cientos de heridos. Además de la generación Z, participaron gremios de transportistas, sindicatos, docentes, comerciantes de Gamarra, influencers, artistas y organizaciones civiles.
El debilitamiento de la gobernanza democrática, a causa de los constantes desafíos que afronta el Perú en los últimos años, marcados por la desconfianza de la ciudadanía hacia sus instituciones y autoridades, los altos índices de pobreza, el cambio climático y la desigualdad de género, entre otros; representan un gran reto para la cohesión social y la construcción de una cultura de paz en el país. El desencanto, el enojo en el país presenta un punto de quiebre respecto a la continuidad de un modelo que se asocia a tres décadas de concentración de riqueza y deterioro ambiental con insuficiente crecimiento, con instituciones que reproducen comportamientos de agentes con mayor poder económico y político, y una propensión rentista que se nutre originariamente del acceso privilegiado a la propiedad de los recursos naturales y a la economía financiera.
Debemos alcanzar una nueva ecuación entre el Estado, el mercado y la sociedad, que permita avanzar en la construcción de nuevos consensos; debemos igualar para crecer y crecer para igualar, y transformar los privilegios en derechos. Desde este medio planteamos promover un nuevo pacto social en beneficio de los peruanos, que contribuya a garantizar la estabilidad, la democracia, y que esté sustentado en objetivos comunes de todos los sectores del país, como la igualdad, la lucha contra la corrupción, contra el crimen organizado, la reducción de la pobreza y la reactivación económica con justicia. Una propuesta que busca terminar lo antes posible con la confrontación y corregir el rumbo de colisión en el que pareciera que están embarcadas las fuerzas políticas.
Abogamos hoy por la construcción de un nuevo pacto social que ponga fin a las profundas desigualdades que afectan al Perú, un “nuevo pacto social” se refiere a un conjunto de acuerdos y políticas para redefinir las relaciones entre el Estado, la sociedad civil y el sector privado, buscando abordar desafíos como la desigualdad, la sostenibilidad, la innovación y la inclusión. Este concepto se aplica en diferentes contextos, desde la reforma de la educación y el sistema de cuidados hasta la revisión de sistemas de bienestar social y tributarios. Los objetivos serán convocar un proceso de encuentro y generación de propuestas consensuadas, discutir los grandes temas que nos afectan como país para canalizar demandas y ser corresponsable de los resultados de las propuestas, así como visibilizar y hacer incidencia en los acuerdos resultantes
El país ya ha experimentado las consecuencias que trae la confrontación exacerbada e irreductible y, por consiguiente, todas las fuerzas políticas sin excepción deberían mostrar predisposición a buscar puntos de consenso con el Ejecutivo y tomar con buena disposición esta iniciativa. En ese sentido, sería un contrasentido que los integrantes de algunos grupos parlamentarios, a quienes podemos escuchar casi a diario referirse a sus buenas intenciones respecto a la marcha del país, soslayen la importancia de esta iniciativa del Gabinete Ministerial y, por el contrario, opten por la intransigencia.
El nuevo pacto social sería el resultado de un proceso de diálogo y concertación convocado por el Poder Ejecutivo, con el objetivo de asegurar el crecimiento económico sostenible, la inclusión social y el bienestar compartido, que fortalezcan la democracia y el Estado de Derecho. Se subraya también que la idea de nuevo pacto social, que es más amplia que un pacto laboral, implica establecer un vínculo más estrecho entre el Estado y la población en base a una visión compartida de país que asegure la paz social y la estabilidad económica. Para ello se requiere impulsar metas consensuadas y la asunción de compromisos recíprocos de las partes involucradas a través de mecanismos que busquen hacerlos, en lo posible, vinculantes, fortaleciendo las instancias de concertación ya existentes, particularmente el Acuerdo Nacional. Dentro del marco del Acuerdo Nacional, el Grupo Promotor del Nuevo Pacto Social estaría integrado por el Ejecutivo del Pacto Social, designado por el Poder Ejecutivo; un Comité Ad Hoc del Acuerdo Nacional; un Comité Consultivo y expertos designados por consenso. Sus funciones serían proponer los temas de concertación, identificar a los actores que participarán en las mesas de diálogo y concertación sobre los diversos temas y dirigir las mesas de diálogo.
El temario estaría referido fundamentalmente a la promoción de la inclusión social (empleo digno, salario y condiciones de trabajo, generación de confianza en las políticas e instituciones del Estado, y responsabilidad social y ambiental) y promoción de la inversión (competitividad, productividad y capacitación en y para el trabajo; investigación científica, desarrollo e innovación tecnológica; y formalización de la actividad empresarial). (ALDIS).