Pero pena es suspendida, no irán a prisión:
El Tercer Despacho de la Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios del Santa, a cargo de la fiscal adjunto provincial Vanesa Meneses Crispín, logró una sentencia condenatoria suspendida contra los abogados Alicia Grisel Gadea Piñán y Yoel Yonatan Méndez Calvo, declarados responsables del delito de Cohecho Activo Específico en agravio del Estado.
Según la resolución N.º 15, emitida el 30 de octubre de 2025, el juzgado les impuso cinco años de pena privativa de libertad suspendida por un periodo de prueba de cuatro años, además de cinco años de inhabilitación para ejercer cargo público y el ejercicio de la profesión por cuenta propia o mediante terceros. Asimismo, se fijó el pago de 365 días multa y una reparación civil solidaria de S/ 7 000.
La investigación fiscal permitió acreditar que, el 29 de septiembre de 2022, ambos abogados ofrecieron S/ 1 000 a un testigo para que se negara a identificar a su patrocinado durante una diligencia en la sede de AREINCRI–Casma, dentro de un proceso por robo agravado.
La estrategia desplegada por la fiscalía reunió evidencia que confirmó el intento de soborno y la interferencia en la correcta administración de justicia.
Los abogados fueron detenidos en la propia unidad policial luego de que la víctima, A.P.S denunciara que le ofrecieron dinero para cambiar su versión y favorecer a tres acusados de integrar la banda “Los Malditos de Casma”.
En un inicio, el agraviado aceptó el monto, pero posteriormente se arrepintió y entregó el dinero a la Policía, permitiendo la intervención inmediata de los letrados.
En aquel entonces, la fiscal Mayra Castillo Chávez, de la Segunda Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Casma, dispuso la apertura de la investigación preliminar por presunta obstrucción de la justicia, encubrimiento real y corrupción activa.
Los tres detenidos por el robo del celular —Yonathan Brayan Milla Rodríguez (18), alias “Bravo”; Brayan Antonio Romero Namuche (21), alias “Margarito”; y el adolescente G.J.R.C., apodado “Chato Pato”— continuaron su proceso judicial mientras se desarrollaban las investigaciones contra sus defensores.
El Ministerio Público destacó que la sentencia constituye un precedente importante en la lucha contra la corrupción de terceros que buscan interferir en procedimientos judiciales, reafirmando su compromiso con la legalidad y la defensa de los intereses del Estado.