La reciente noticia de dos fallecidos en la zona de Pushaquilca, en Pampas, volvió a recordar una realidad que el Estado, por acción u omisión, ha preferido ignorar: no son solo dos vidas perdidas, sino cinco en lo que va del año. En abril se registraron tres muertes y la historia se repite con la misma impunidad y descontrol. Cada tragedia evidencia lo que desde hace más de tres años venimos advirtiendo: en Pampas no existe seguridad, no existe regulación y, sobre todo, no existe autoridad.
La actividad minera en esta zona se desarrolla abiertamente de manera informal e ilegal. No hay supervisión técnica, no hay fiscalización ambiental y mucho menos presencia de la Dirección Regional de Energía y Minas, que continúa bajo la conducción de Ricardo Castillejo, sin resultados, sin acciones concretas y sin capacidad para enfrentar el problema. Mientras tanto, la contaminación minera fluye sin freno hacia el río Tablachaca y luego al río Santa, afectando ecosistemas, cultivos y comunidades enteras.
La pregunta es inevitable: ¿dónde están los defensores del medio ambiente? ¿Dónde están quienes suelen levantar banderas ecológicas frente a cámaras y audiencias? Desde hace años, el desastre ambiental es evidente en cada cauce y cada mancha de relave que baja hacia el Santa, pero la reacción es mínima o inexistente. La indiferencia se ha convertido en costumbre, y el silencio, en cómplice.
Las reuniones convocadas por el Gobierno Regional para “abordar” la contaminación del Tablachaca y el Santa fueron —como advertimos en su momento— un saludo a la bandera. Actas, mesas de trabajo y discursos vacíos que no condujeron a ninguna acción real. Se perdió tiempo dentro de la burocracia estatal mientras la contaminación avanzaba y la minería ilegal se fortalecía. Hoy el problema está más vigente y más desbordado que nunca.
La resistencia para enfrentar este fenómeno tiene nombre: el REINFO. El registro, que debía ser un instrumento temporal, se convirtió en un escudo legal para quienes explotan recursos sin control. Su debate permanente entre el Congreso y el Ejecutivo mantiene paralizada cualquier acción efectiva. Mientras no exista una norma clara y firme, los informales seguirán operando con total ventaja. Y en Pampas, esa ventaja se traduce en poder económico, influencia y capacidad para imponer sus propias reglas.
Nada cambiará mientras el Gobierno Regional no ejerza plenamente su autoridad. Y aquí es necesario decirlo sin eufemismos: Castillejo no ha demostrado capacidad para enfrentar este conflicto. Si la tuviera, el problema no se habría prolongado ni agravado. La zona continúa secuestrada por intereses ilegales, bajo la sombra de quienes controlan el territorio, incluido el jefe de la comunidad campesina que cobra cupos por la salida de cada camión cargado de mineral. En Pampas, manda quien controla el dinero, no la ley.
Mientras esta situación persista, la contaminación seguirá avanzando, las muertes continuarán y la ilegalidad seguirá gobernando. Pampas es hoy un espejo trágico del abandono estatal y de la captura del territorio por economías ilícitas. Y si las autoridades no actúan ahora, pronto será demasiado tarde.