En tiempos en que la inseguridad ciudadana golpea con fuerza a diversas regiones del país, resulta alentador encontrar iniciativas que no solo enfrentan este problema desde un enfoque operativo, sino que buscan transformar sus raíces más simbólicas. La alianza entre la Sucamec y Siderperú, materializada a través del proyecto Fuego por Juego, es una muestra clara de que la lucha contra la violencia no tiene por qué limitarse al ámbito represivo; también puede convertirse en una oportunidad para construir comunidad, cohesión social y esperanza.
La reciente fundición de más de 10 500 armas de uso civil, entre pistolas, escopetas, revólveres y carabinas, representa un acto que va mucho más allá de la simple destrucción de material incautado. Es, en rigor, la clausura definitiva de un ciclo de violencia que pudo haber cobrado vidas o seguir alimentando actividades criminales. Sucamec ha cumplido su rol técnico y de control al asegurarse de que cada arma haya agotado todos los procesos de verificación legal antes de ser destruida. Este trabajo riguroso es fundamental para garantizar que aquello que alguna vez representó una amenaza ya no vuelva a integrarse al mercado ilegal ni termine en manos equivocadas.
La intervención de Siderperú, mediante su capacidad industrial y el proyecto que impulsa desde hace más de una década, transforma ese final en un comienzo. Lo que antes era un artefacto de muerte hoy se convierte en juegos infantiles y minigimnasios de acero destinados a barrios vulnerables de Lima, Callao y Chimbote. Esa resignificación es profundamente poderosa: el metal que alguna vez fue usado para intimidar, herir o matar ahora sostiene columpios, barras y estructuras donde niños y jóvenes pueden jugar, ejercitarse y crecer en espacios seguros.
Esta metamorfosis del acero es también una metáfora de lo que requiere el país: instituciones públicas capaces de ejercer control efectivo, combinadas con empresas privadas que asumen un rol social activo. Cuando ambos sectores trabajan con objetivos comunes, los resultados dejan de ser declaraciones y se convierten en obras concretas. No sorprende, entonces, que más de 14 mil personas hayan sido beneficiadas con este mobiliario social, según cifras del propio proyecto.
Pero el valor de esta alianza no se agota en los números. Envía un mensaje crucial: la violencia puede ser enfrentada no solo neutralizando sus instrumentos, sino convirtiéndolos en espacios que promuevan convivencia, salud y comunidad. En un contexto donde la población exige resultados frente al crimen, iniciativas como esta refrescan la idea de que la seguridad ciudadana también se construye desde lo simbólico y lo social.
A ello se suma una reflexión de fondo: la responsabilidad frente a la inseguridad no puede recaer únicamente en la Policía o el Ministerio del Interior. Las empresas, la sociedad civil y las autoridades locales tienen la posibilidad y en muchos casos, la obligación moral de aportar soluciones innovadoras, sostenibles y con impacto directo en la calidad de vida de las personas.
Sucamec y Siderperu han demostrado que la articulación público-privada no es un discurso, sino una herramienta capaz de generar cambios palpables. La destrucción de más de 32 mil armas en los últimos dos años y su reconversión en infraestructura social no solo elimina peligros; construye futuros.
Ojalá este modelo inspire a más instituciones a asumir compromisos semejantes. Porque, en un país donde la violencia busca imponerse como norma, cualquier iniciativa que transforme armas en oportunidades debe ser celebrada, replicada y fortalecida.