La crisis del manejo de los residuos sólidos en Chimbote ha dejado de ser un problema operativo para convertirse en una amenaza sanitaria. Montículos de basura que permanecen días sin ser recogidos, olores nauseabundos que invaden los barrios y la inminente llegada del verano cuando la descomposición acelera riesgos configuran una situación que ninguna ciudad debería tolerar. Sin embargo, lo más preocupante no es solo la acumulación de desechos, sino la evidente incapacidad de la Municipalidad Provincial del Santa para enfrentarla con responsabilidad y urgencia.
Por eso resulta significativa, y al mismo tiempo reveladora, la decisión de la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental de intervenir y convocar una mesa técnica de trabajo. Que un organismo fiscal asuma un rol articulador evidencia que el problema ha alcanzado un nivel de gravedad que, si no se atiende con prontitud, puede desencadenar brotes de enfermedades, mayor presencia de vectores y un deterioro profundo de la calidad de vida de los chimbotanos.
La fiscal Evelyn Lamadrid Bances ha tenido la claridad institucional que tanto se echa de menos en otras instancias. Actuó de oficio ante el clamor ciudadano y la evidencia pública. La mesa técnica que impulsó reunió a actores importantes Defensoría del Pueblo, regidores, representantes de trabajadores municipales con el objetivo de buscar soluciones inmediatas. Sin embargo, la ausencia absoluta de la municipalidad provincial no solo fue un gesto de irresponsabilidad, sino una afrenta abierta a la población. Ni justificaron su inasistencia, aun sabiendo que la limpieza pública es un servicio esencial y una obligación legal.
Mientras el alcalde Felipe Mantilla reitera que no hay suficientes compactadoras y que se convocará a una licitación, la fiscalía recuerda una verdad básica: la ciudadanía no puede esperar tres o cuatro meses. La emergencia es ahora. Los barrios saturados de desechos no pueden suspender sus riesgos a la salud hasta que un proceso administrativo concluya. La autoridad municipal parece olvidar que gobernar no es solo explicar problemas, sino proporcionar soluciones.
Por ello, la iniciativa de la Fiscalía Ambiental no solo es oportuna; es un llamado de atención institucional. Una advertencia de que el incumplimiento de deberes municipales puede convertirse en una infracción ambiental grave. Y también un recordatorio de que el Estado cuenta con mecanismos para actuar cuando las autoridades locales fallan en su rol más básico: proteger la salud pública.
Chimbote merece más que explicaciones y promesas. Merece una gestión que se siente en la mesa cuando es convocada, que escuche a los trabajadores, que responda a los vecinos y que actúe con la urgencia que los tiempos exigen. Si la fiscalía ha tenido que tomar las riendas de un asunto que le corresponde principalmente a la municipalidad, es porque algo se ha roto en la cadena de responsabilidades.
La reunión de hoy lunes será decisiva. Bajo apercibimiento, la municipalidad tendrá que presentarse y asumir su responsabilidad. Lo mínimo que se espera es que esta vez no dé la espalda. La salud de Chimbote está en juego, y eso no admite evasivas.