La histórica sanción impuesta por Indecopi a trece laboratorios y distribuidoras farmacéuticas marca un punto de quiebre en la forma como el país enfrenta la corrupción y la colusión empresarial en las compras públicas. No se trata de un hecho aislado, ni de un exceso sancionador. Es, más bien, la confirmación documentada de un comportamiento sistemático que operó durante más de una década para encarecer medicamentos destinados a los hospitales públicos del Ministerio de Salud y EsSalud.
Por más técnico que parezca, el caso es moralmente indignante. No hablamos de cualquier producto, sino de medicamentos esenciales: soluciones de cloruro de sodio para rehidratación, antibióticos de uso común y especializado, fármacos antineoplásicos para pacientes con cáncer, inmunosupresores, antianémicos. Medicinas que, en muchos casos, significan la diferencia entre la vida y la muerte. Y mientras miles de familias hacían colectas para comprar tratamientos, trece empresas coordinaban precios, abstenciones y turnos para repartirse licitaciones del Estado como si se tratara de un botín.
La investigación de Indecopi basada en correos, chats, reuniones y un lenguaje cifrado diseñado para ocultar la trama revela la dimensión del problema: un cártel altamente organizado, consciente de que su conducta era ilegal y perjudicial para el erario público. Esa intencionalidad agrava aún más la falta. No fue improvisación ni coincidencia; fue una estrategia deliberada para elevar artificialmente los precios y asegurarse ganancias a costa de los contribuyentes y de un sistema de salud que arrastra carencias crónicas.
La multa superior a los S/ 539 millones, sumada a las sanciones individuales a los ejecutivos implicados, es un mensaje claro: la libre competencia no es una formalidad, es un requisito para que el Estado compre eficientemente y para que la ciudadanía reciba servicios dignos. Pero la sanción, por sí sola, no basta. La historia del país demuestra que los cárteles solo existen cuando las condiciones institucionales lo permiten. Y aquí hay responsabilidades que trascienden a las empresas: fallas de supervisión, debilidades en los procesos de compra, falta de sistemas de alertas tempranas y una cultura de permisividad frente a los grandes actores del mercado.
Por ello, la orden de implementar programas de cumplimiento por cinco años debe ser asumida con rigurosidad, no como un trámite. La industria farmacéutica juega un rol estratégico en la salud pública, y cualquier intento de manipular el mercado debe ser erradicado de raíz. Indecopi ha dado un paso importante, pero las entidades del Estado que realizan adquisiciones en especial Minsa y EsSalud tienen el deber de revisar sus propios mecanismos, modernizar los sistemas de compras y blindarlos contra nuevas formas de colusión.
Finalmente, este caso debe servir de precedente. No se puede tolerar que sectores estratégicos, amparados en su peso económico, operen al margen de la ley y al costo de los pacientes más vulnerables. Las sanciones de hoy no solo castigan un delito, sino que reivindican un principio básico: la salud pública no puede ser un negocio escondido entre correos cifrados y acuerdos clandestinos. Es hora de que la transparencia y la competencia limpien un sector donde, por demasiados años, algunos actuaron con absoluta impunidad.
La multa que desnuda un viejo problema estructural