En menos de 24 horas, el Poder Judicial emitió sentencias contra dos expresidentes del Perú: Martín Vizcarra y Pedro Castillo. El primero llegó al poder por sucesión constitucional tras la renuncia de Pedro Pablo Kuczynski; el segundo, por elección popular. Ambos, sin embargo, terminaron en la misma ruta que ya recorrieron Alejandro Toledo y Ollanta Humala. Con estas nuevas decisiones judiciales, los cuatro exmandatarios hoy recluidos en Barbadillo llevan en conjunto el peso de un récord lamentable y, probablemente, único en el mundo: un país democrático con cuatro expresidentes presos y sentenciados al mismo tiempo.
No se trata de un dato anecdótico ni de un fenómeno aislado. Esta concentración de líderes condenados Toledo (2001–2005), Humala (2011–2016), Vizcarra (2018–2020) y Castillo (2021–2022) es síntoma de un problema estructural que el Perú no ha logrado enfrentar en décadas: la captura del poder por intereses personales, partidarios o empresariales, y la fragilidad de los mecanismos de control para impedir que un presidente abuse de su cargo.
Que cuatro jefes de Estado estén hoy privados de su libertad debería obligarnos a reflexionar sobre el origen del deterioro. ¿Somos un país excepcionalmente corrupto? Probablemente no más que otros de la región. Lo que sí nos distingue es la combinación de instituciones débiles, partidos sin ideología ni cuadros técnicos, y una cultura política que premia el gesto populista antes que la capacidad de gobernar. A esto se suma un sistema presidencial que concentra poder sin los contrapesos suficientes, lo cual convierte la tentación del abuso en un riesgo casi inevitable.
Sin embargo, las recientes sentencias también encapsulan una verdad que no debemos ignorar: pese a sus fallas, el sistema judicial peruano está demostrando que los delitos desde el poder ya no son inmunes al castigo. Ninguno de los expresidentes ha podido escudarse en el fuero, la popularidad o las viejas prácticas del blindaje político. Ese es un avance que debe reconocerse, porque fortalece la idea de que la ley es más fuerte que el cargo.
Pero no basta con aplaudir la acción de los jueces. Que cuatro expresidentes estén presos debe servir para revisar de raíz cómo se elige, cómo se fiscaliza y cómo se controla a quienes ejercen la Presidencia. El país no puede seguir apostando por liderazgos improvisados, ni permitir que los partidos funcionen como franquicias personales. Si la política no se reforma desde sus cimientos, Barbadillo seguirá sumando huéspedes.
Finalmente, esta situación debería ser un llamado de atención para la ciudadanía. No hay democracia que sobreviva si el electorado vota con desinformación, apatía o rabia acumulada. Elegir presidentes no es un acto de catarsis, sino de responsabilidad histórica. Esa circunstancia es fundamental para el futuro, es decir el electorado, sino cambia y madura en sus decisiones difícilmente saldremos adelante, pero seremos optimistas para que en estas elecciones generales del 2026 dejemos atrás los desatinos que nos han llevado a esta actualidad.
El Perú vive hoy una paradoja: exmandatarios en prisión, pero una democracia que aún respira. La pregunta es si tendremos la lucidez suficiente para aprender de este espejo roto o si seguiremos repitiendo la misma historia, cada vez con costos más altos para el país.