El Pleno del Congreso aprobó, por amplia mayoría, el dictamen de la Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2026, una propuesta que asciende a más de S/ 257, 561 millones y que orienta sus recursos hacia los sectores de educación, salud, saneamiento y seguridad ciudadana.
La decisión recibió 100 votos a favor, 12 en contra y 1 abstención, y no requirió de segunda votación.
Desde el inicio del debate, el Parlamento evaluó el alcance del dictamen recaído en el Proyecto de Ley N:° 12255/2025-PE, el cual establece el monto global del gasto anual y define los créditos presupuestarios máximos para el gobierno nacional, los gobiernos regionales y las municipalidades. De acuerdo con el texto aprobado, el presupuesto comprende los recursos correspondientes al gobierno central y a las instancias descentralizadas, en concordancia con la Constitución Política del Perú.
Asimismo, la norma fija límites claros para la ejecución financiera. Por ejemplo, prohíbe que las entidades del Estado realicen modificaciones presupuestarias destinadas a trasladar recursos de gastos de capital hacia gastos corrientes, una medida que busca evitar desequilibrios en la inversión pública. Además, asigna S/ 1 647 millones para los gobiernos regionales y locales, con cargo a la fuente de financiamiento recursos ordinarios.
En materia social, el dictamen fortalece las políticas públicas orientadas a poblaciones vulnerables. Dentro del enfoque de presupuesto por resultados, se destinan S/ 542,6 millones al Programa Presupuestal para la Reducción de la Violencia contra la Mujer, con el fin de mejorar servicios de prevención, atención y protección.
En paralelo, la seguridad ciudadana también recibe un impulso significativo. La norma autoriza una transferencia condicionada de S/ 50 millones al Programa Presupuestal 0030, ejecutado por el Ministerio del Interior, para impulsar acciones que reduzcan delitos y faltas.
Dichos recursos solo podrán movilizarse bajo el mecanismo establecido en el artículo 54 del Decreto Legislativo 1440, y previa verificación del cumplimiento de indicadores y metas.
El dictamen también autoriza el nombramiento del 100 % del personal asistencial contratado bajo CAS en el Minsa, sus organismos públicos y unidades ejecutoras regionales registrado al 31 de julio de 2022, continuando el proceso ya iniciado en años anteriores. Este cambio apunta a la estabilidad laboral en hospitales y centros de salud.
Respecto al sector Educación, la ley habilita al Ministerio de Educación a efectuar modificaciones presupuestarias por hasta S/ 100,7 millones, a favor de las unidades ejecutoras de los gobiernos regionales.
Dichos recursos se destinarán al financiamiento de diversos programas vinculados al acceso educativo, la inclusión de estudiantes con discapacidad, la formación docente, el fortalecimiento tecnológico y la respuesta ante emergencias. La norma precisa que estos fondos no podrán usarse para contratar personal, a fin de asegurar su ejecución en bienes, servicios y mantenimiento de infraestructura.