La reciente intervención de la Cámara de Comercio y Producción del Santa, solicitando al Ministerio de Vivienda la nulidad del nombramiento de Yuri Pérez Reyes como director por la sociedad civil en Sedachimbote, abre un debate necesario y saludable sobre la transparencia y la legitimidad de los procesos de designación en las empresas públicas de saneamiento. No se trata simplemente de una discrepancia administrativa: lo que está en discusión es el respeto a las reglas de juego que garantizan una gestión profesional, sin interferencias ni conflictos de interés.
La Cámara expone con claridad que Pérez Reyes habría incurrido en un impedimento normativo sobreviniente al aceptar, antes de la entrevista del proceso SC-2, una designación paralela como director suplente por la Junta de Accionistas de Sedachimbote. Ese hecho, documentado y notificado notarialmente, no podía ser pasado por alto. En un directorio de una EPS, donde cada línea de representación —Estado, municipalidades, sociedad civil— cumple un rol específico, la duplicidad no solo es irregular: es incompatible con los principios básicos del gobierno corporativo que buscan evitar la concentración de poder y los conflictos de interés.
El silencio del postulante frente a esta duplicidad y la omisión de comunicarlo a la Comisión Evaluadora agravan la situación. Las reglas establecidas por el propio Ministerio de Vivienda, en la RM 143-2025, son claras: cualquier impedimento detectado en cualquier etapa vuelve al candidato “no apto”. Por lo tanto, el error —según sostiene la Cámara— no está en la norma, sino en la información que se ocultó y en la subsiguiente decisión administrativa que, ante datos incompletos, terminó avalando una designación cuestionable.
Resulta saludable que una institución como la Cámara de Comercio ponga estos temas sobre la mesa. La ciudadanía ha sido testigo durante años de cómo las EPS se han visto debilitadas por decisiones políticas, interferencias externas o nombramientos improvisados que no responden a méritos técnicos ni a la legalidad vigente. Cualquier acción orientada a fortalecer la institucionalidad y exigir procesos limpios debe ser valorada, sobre todo cuando se trata de una empresa clave para el servicio esencial del agua potable en Chimbote y Nuevo Chimbote.
El reclamo no debe interpretarse como un conflicto entre instituciones, sino como una señal de alerta. Si los mecanismos de selección de directores no se respetan, entonces las reformas impulsadas desde el propio Estado —que buscan modernizar la gestión de las EPS, profesionalizar los directorios y reducir los márgenes para la improvisación— quedarán en letra muerta. La estabilidad y credibilidad de Sedachimbote dependen, justamente, de que estos procesos sean impecables.
Este caso debe ser una oportunidad para que el Ministerio de Vivienda revise con rigidez sus procedimientos, adopte correctivos y reafir-me que ningún nombramiento puede sustentarse sobre vacíos, omisiones o duplicidades. Si la transparencia y el orden normativo no guían estas decisiones, se corre el riesgo de continuar debilitando a una empresa que necesita, más que nunca, confianza, claridad y liderazgo responsable.
En un momento en que el país reclama instituciones sólidas y decisiones coherentes, la intervención de la Cámara de Comercio recuerda que la vigilancia ciudadana, cuando se ejerce con argumentos y documentos, es un pilar fundamental para la buena administración pública. Sedachimbote —y la población a la que sirve— merecen un directorio cuyos miembros lleguen sin sombras ni cuestionamientos. Solo así podrá recuperarse la eficiencia y la credibilidad que tanto demanda la gestión del agua en nuestra región.