Resulta incomprensible y francamente inaceptable que Sedachimbote haya ejecutado apenas el 19.19% de los S/ 6 millones 782 mil 943 que el Estado transfirió expresamente para abastecer de agua potable a las poblaciones urbanas más pobres y vulnerables de la provincia. La Contraloría lo ha dejado claro en el oficio 00303-2025-CG/OC4164: entre el 31 de enero y el 31 de octubre, es decir nueve meses, la empresa prestadora solo logró gastar S/ 1 millón 301 mil, dejando más de S/ 5 millones 480 mil sin utilizar.
Las cifras reveladas por el órgano de control no solo exponen una deficiencia administrativa ordinaria; exhiben un problema estructural y ético que impacta directamente en miles de familias que, día tras día, esperan el paso del camión cisterna para acceder al recurso más básico para la vida: agua potable. En pleno 2025, que pueblos enteros sigan dependiendo de un reparto irregular y escaso es ya grave. Que existan recursos asignados específicamente para atenderlos y que estos no se utilicen, es imperdonable.
El Decreto Supremo 010-2024-Vivienda, que define la política de acceso universal al agua potable, tiene un espíritu claro: agilizar la provisión del servicio en zonas vulnerables mediante intervenciones inmediatas y fondos directos. La transferencia al inicio del año tenía esa finalidad. No había excusa para demoras, trabas administrativas o decisiones erráticas. Los recursos estaban disponibles. Las necesidades también. Lo único ausente fue una gestión eficiente y responsable.
La Contraloría advierte incluso un riesgo de reversión de fondos, lo que equivaldría a un retroceso inadmisible. ¿Cómo justificar que millones destinados a familias sin agua regresen al Estado por incapacidad de ejecución? ¿Cómo explicar que, mientras las cisternas no dan abasto, Sedachimbote no haya logrado colocar en la calle más que una quinta parte del presupuesto previsto? Aquí no se trata de tecnicismos. Se trata de un evidente incumplimiento del principio de eficacia: cuando más de 37 pueblos jóvenes dependen de estos recursos, la lentitud equivale a abandono.
Durante el reciente taller sobre la PTAR, la congresista Nilza Chacón exhibió el informe de la Contraloría para evidenciar este problema. Y tenía razón en hacerlo: lo que está en juego no es una simple observación administrativa, sino la atención de 3 800 familias que según reconoció el propio gerente de Sedachimbote, Rómulo Antúnez— requieren abastecimiento continuo y apoyo para la limpieza de pozos sépticos colapsados. Si la necesidad está identificada y el universo de beneficiarios también, ¿qué explica entonces la parálisis?
Sedachimbote necesita responder con claridad, asumir responsabilidades y corregir de inmediato su plan de ejecución. La empresa no puede seguir atrapada en su propia burocracia mientras la población continúa comprando agua a sobreprecio, almacenándola en baldes y viviendo en condiciones indignas. La inacción en este caso no es un problema técnico: es una falla ética y de servicio público.
El dinero está allí. La necesidad está allí. Lo único que falta es gestión. Y ya no hay tiempo para más excusas.