Un reciente informe del Instituto Peruano de Economía (IPE) vuelve a poner sobre la mesa un problema que Áncash arrastra desde hace años: la incapacidad de transformar su riqueza minera en desarrollo real. Según este estudio, entre 2015 y 2024 la región dejó sin ejecutar 10 mil millones de soles provenientes del canon minero. Se trata de una cifra que no solo sorprende por su magnitud económica, sino por el profundo impacto social que implica haber desaprovechado tanto dinero destinado exclusivamente a obras públicas.
Áncash es, después de Cusco, la segunda región que más recursos recibe por canon, sobrecanon y regalías mineras. Cada año ingresa a sus arcas una cantidad millonaria gracias a su posición estratégica en la producción minera nacional. Este flujo constante de recursos debería traducirse en mejores carreteras, sistemas de agua potable, centros de salud, escuelas modernas y en general una infraestructura que acompañe el crecimiento poblacional y económico de la región. Sin embargo, esto no ha ocurrido, y las cifras así lo demuestran con contundencia.
El hecho de que miles de millones se queden sin utilizar revela un problema estructural de deficiente gestión pública en los gobiernos subnacionales. La incapacidad para formular proyectos de inversión, la débil planificación, la falta de personal calificado y, en algunos casos, una excesiva rotación de funcionarios, han convertido el manejo del canon en un laberinto burocrático donde los recursos se pierden sin lograr impacto. El IPE destaca que la mayoría de municipalidades que reciben grandes montos simplemente no cuentan con equipos técnicos preparados para procesar proyectos complejos, lo que explica por qué muchos terminan paralizados o con avances menores al 1%.
No se trata solo de cifras; se trata de una década perdida para Áncash. Mientras los ingresos mineros aumentaban, las brechas en servicios básicos se mantenían intactas. En muchas comunidades aún no hay agua potable, los sistemas de alcantarillado colapsan, las postas médicas funcionan con equipos obsoletos y las escuelas no cumplen estándares mínimos. Todo ello en una región que ha manejado recursos extraordinarios, pero que no ha podido convertirlos en bienestar tangible para la población.
La paradoja es evidente: cuando el precio de los minerales sube, aumentan las transferencias, pero los gobiernos locales no tienen la capacidad de gastar más y mejor. Cuando el precio baja, los presupuestos se ajustan, pero las brechas continúan igual. En ambos escenarios, la población es la perjudicada.
Ante esta situación, es urgente un cambio profundo. No basta con transferir millones; se necesita fortalecer la capacidad de gestión de los gobiernos regionales y municipales, profesionalizar sus equipos, simplificar los procesos de inversión pública y promover mecanismos de acompañamiento técnico permanente. El canon minero debe convertirse en un verdadero motor de desarrollo y no en una cifra acumulada año tras año sin destino claro.
Los 10 mil millones desperdiciados entre 2015 y 2024 representan no solo un fracaso institucional, sino una oportunidad perdida para transformar Áncash. Es momento de corregir este rumbo antes de que otra década vuelva a pasar sin resultados reales para su gente.