El Centro Básico de Educación Especial N.° 01, conocido por toda la comunidad como el CBBE 01, lleva más de cuatro décadas funcionando en una infraestructura que ya no responde a las necesidades de sus estudiantes. El paso del tiempo, la falta de mantenimiento y la ausencia de una política sostenida de inversión en infraestructura educativa han convertido este plantel en un símbolo doloroso de abandono estatal. Hoy, su reconstrucción total no es solo un pedido; es una urgencia impostergable.
La reciente llegada de la Contraloría al plantel, acompañada por un grupo de padres de familia que los esperaban con protestas, evidencia la desesperación de quienes cada día dejan a sus hijos en un local que no garantiza seguridad ni condiciones adecuadas para un aprendizaje digno. No es un acto político ni un intento de generar confrontación. Es simplemente la reacción legítima de familias que luchan por el derecho fundamental de sus hijos: estudiar en un espacio seguro, accesible y acorde con sus necesidades.
Las infraestructuras educativas construidas antes de los años ochenta comparten un problema común: el deterioro avanzado. Pero el caso del CBBE 01 tiene un componente adicional y crítico. Se trata de una institución dedicada a estudiantes con necesidades educativas especiales. Esto significa que su infraestructura no puede ser la misma que la de cualquier otro colegio; requiere ambientes adaptados, accesos adecuados, áreas terapéuticas funcionales y espacios seguros para la movilidad. Nada de eso es posible si el plantel presenta erosiones en las paredes, techos debilitados o ambientes improvisados.
El Estado, a través del Gobierno Regional de Áncash, tiene la responsabilidad de atender esta problemática con carácter prioritario. No se trata de un capricho, ni de un gasto prescindible. Es una inversión obligatoria en dignidad humana y en inclusión real. Los discursos sobre educación inclusiva pierden toda validez cuando se permite que una institución como el CBBE 01 permanezca en condiciones deplorables, poniendo en riesgo a los estudiantes y limitando su desarrollo educativo y emocional.
La protesta de los padres debe entenderse como un llamado urgente a la acción. No están exigiendo privilegios, sino lo justo: que sus hijos reciban educación en un espacio adecuado. La visita de la Contraloría puede marcar un punto de inflexión si sus observaciones impulsan al gobierno regional a acelerar la formulación, financiamiento y ejecución de un proyecto de reconstrucción integral.
Asimismo, es imprescindible que las autoridades locales y regionales incorporen el caso del CBBE 01 en sus prioridades de inversión pública, sin excusas ni retrasos burocráticos. Y la sociedad chimbotana también debe sumarse a este reclamo, porque la defensa de la educación especial es un indicador del nivel de humanidad y justicia de una comunidad.
Ha pasado demasiado tiempo. Cuarenta años no solo revelan antigüedad, sino también desatención. Reconstruir el CBBE 01 no es solo levantar paredes nuevas: es reparar una deuda histórica con los niños, niñas y adolescentes que más necesitan apoyo. La inclusión no se predica, se construye. Y en este caso, literalmente, hay que construirla desde los cimientos.