Ingresan denuncia a Fiscalía Anticorrupción del Santa:
Una denuncia presentada ante la Fiscalía Anticorrupción del Santa y la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) alerta sobre irregularidades en los procesos de contratación de servicios de alimentación y vigilancia destinados a los establecimientos penitenciarios de Cambio Puente, en Chimbote, y del penal de Huaraz.
Según el documento ingresado, los hechos comprometerían a funcionarios del Instituto Nacional Penitenciario (INPE) y a empresas proveedoras que participaron en diversas licitaciones públicas realizadas por la Oficina Regional Lima (ORL) entre los años 2017 y 2025.
La denuncia detalla que algunos miembros de los comités de selección se repitieron continuamente en diferentes convocatorias, lo que, de acuerdo con los denunciantes, habría facilitado presuntos patrones de direccionamiento en favor de determinados consorcios.
Entre las empresas mencionadas figuran Negociaciones Rideblan SAC, el Estudio García Idrogo & Asociados E.I.R.L. y su representante, Lauriano García Idrogo, señalados por presunta participación en procesos con observaciones reiteradas.
Los denunciantes adjuntaron una relación completa de los integrantes de los comités de selección en cada uno de los procesos cuestionados, indicando que estas mismas personas habrían ejercido funciones durante varios años consecutivos.
En el año 2025, el Comité del Concurso Público N.° 04-2025-INPE/ORL estuvo conformado por Leonor Yasinia Agreda Advíncula como presidenta, Pio Sabino Quispe Cuadros como primer miembro y Salomé Dora Figueroa Barreto como segundo miembro.
En el proceso del 2024, a cargo del Concurso Público N.° 03-2024-INPE/ORL, participaron José Martín Cárdenas Ruiz como presidente, acompañado nuevamente por Pio Sabino Quispe Cuadros y Salomé Dora Figueroa Barreto.
En el proceso 2023 volvieron a integrar el comité Agreda Advíncula, Quispe Cuadros y Figueroa Barreto, todos vinculados a áreas de logística, administración y nutrición del INPE. En el año 2022, durante el Concurso Público N.° 05-2022-INPE/ORL, el comité estuvo presidido por Juan Arbildo Paredes, manteniéndose Pio Sabino Quispe Cuadros y Salomé Dora Figueroa Barreto como miembros.
Para el 2021, en el Concurso Público N.° 005-2021-INPE/ORL-CP, Quispe Cuadros asumió la presidencia del comité, junto con Arbildo Paredes y Figueroa Barreto.
Los denunciantes también mencionan los procesos desarrollados entre 2020 y 2017, en los cuales participaron de manera reiterada Leonor Yasinia Agreda Advíncula, Teodoro Nicolás Cajas Osorio, Alfredo Javier Farfán Martínez y Wilver Cirilo Trujillo Andía, además de la participación constante de Salomé Dora Figueroa Barreto y Pio Sabino Quispe Cuadros como miembros del comité en la mayoría de estos concursos.
Uno de los casos más amplios detallados en la denuncia corresponde al Concurso Público N.° 03-2024-INPE/ORL, donde la buena pro fue otorgada al consorcio integrado por Negociaciones Rideblan SAC, Inversiones Libinago SAC y Proinver BK SAC.
Según el documento, la propuesta de dicho consorcio presentó inconsistencias que, de acuerdo con las bases administrativas, pudieron justificar su descalificación. Entre las observaciones se mencionan diferencias en las raciones ofertadas respecto a las solicitadas, errores en la promesa de consorcio, declaraciones juradas con datos incompatibles, falta de vehículos exigidos para la distribución, licencias de funcionamiento no acordes con los requisitos y ausencia de experiencia acreditada en el personal clave.
La denuncia también advierte que el consorcio habría presentado un solo almacén para la prestación del servicio, cuando las bases requerían dos: uno en Chimbote y otro en Huaraz. Asimismo, se cuestiona que el contrato de alquiler del almacén fue suscrito antes de conocerse la buena pro, sin adjuntar documentación que acredite la vigencia de poder de la representante de la empresa propietaria.
Los denunciantes solicitan que la Fiscalía Anticorrupción del Santa realice las diligencias necesarias para esclarecer los hechos expuestos, los cuales según afirman están sustentados con documentos que consideran pruebas directas.
De igual manera, piden que la Secretaría de Integridad Pública de la PCM adopte medidas para garantizar la transparencia y legalidad en los procesos de contratación del INPE.