Las cifras presentadas por el propio Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) deberían provocar consternación nacional. Más de 700 personas fallecen cada año en accidentes de motocicleta en el Perú. No se trata de estadísticas frías: son vidas truncadas, familias devastadas y una señal evidente de que el país enfrenta una crisis de seguridad vial que no está siendo abordada con la urgencia que merece.
El aumento desmedido del parque de motocicletas más de 3,5 millones de unidades circulando en todo el país es un fenómeno visible en Lima y en cada ciudad del interior. El crecimiento económico y la facilidad para adquirir estos vehículos han impulsado su masificación, pero ello no ha sido acompañado por políticas educativas, regulatorias o de fiscalización efectivas. El propio director de Seguridad Vial del MTC, Pedro Olivares, ha advertido que la tendencia podría agravarse si no se actúa de inmediato. Su preocupación no es gratuita: para el 2025 se proyecta un récord de 300 mil motocicletas vendidas.
El Observatorio Nacional de Seguridad Vial demuestra que las cifras de fallecidos se mantienen prácticamente estáticas: 785 en 2021, 789 en 2022, 631 en 2023, y alrededor de 750 en 2024. Es decir, pese a las campañas, discursos y esfuerzos aislados, el país no logra reducir consistentemente esta tragedia. Más grave aún es que el 74,3% de las víctimas son conductores, lo que evidencia prácticas de riesgo cada vez más frecuentes.
Según el MTC, el principal factor de siniestralidad es el exceso de velocidad, seguido de la falta de fiscalización y las maniobras temerarias. Nada de ello sorprende a quienes transitan diariamente por calles y carreteras: motociclistas que zigzaguean entre autos, que conducen sin casco, que transportan a más pasajeros de los permitidos, y que desafían semáforos y normas básicas de tránsito. Pero lo más preocupante es que estas conductas se han vuelto habituales y, peor aún, toleradas por la falta de presencia policial y municipal.
La situación en regiones como Loreto es alarmante. En Iquitos, por ejemplo, el 84% de conductores y pasajeros no usa casco. Esta sola cifra refleja una cultura de desatención a la propia vida y una fiscalización prácticamente inexistente. El funcionario del MTC lo resume con claridad: falta educación vial y falta acción de las autoridades locales, que tienen competencia directa en controlar el tránsito.
La campaña “Casco +40 seguridad” promovida por el Touring Automóvil Club del Perú, que resalta que un casco certificado reduce en 40% el riesgo de morir y en 70% las lesiones, es un paso valioso, pero claramente insuficiente. Se requieren estrategias nacionales sostenidas, obligatoriedad real del uso de cascos certificados, operativos constantes y sanciones ejemplares.
El país no puede seguir permitiendo que cientos de peruanos mueran cada año en circunstancias evitables. La seguridad vial debe convertirse en una prioridad nacional, no solo en un discurso. La estadística es clara, pero más claro aún debe ser el compromiso del Estado, de los gobiernos locales y de los propios ciudadanos. Porque detrás de cada número hay una vida que pudo salvarse.