El asesinato de periodistas en el Perú durante este 2025 representa una herida abierta que no deja de sangrar y que amenaza con volverse una tragedia normalizada. Tres comunicadores han sido victimados en lo que va del año en Ica, Loreto y, recientemente, en La Libertad y, sin embargo, el país sigue sin una respuesta clara del Estado. No hay una versión oficial de la Policía Nacional ni del Ministerio del Interior; tampoco se han identificado los orígenes, móviles o responsables de estos crímenes. Esta ausencia de información es, por sí misma, alarmante, porque revela que la violencia avanza a un ritmo mayor que la capacidad del Estado para enfrentarla.
Cada periodista asesinado representa no solo una vida truncada, sino también una comunidad entera que pierde una fuente de información, un ciudadano que investigaba, denunciaba y cuestionaba. Cuando un comunicador cae, el mensaje que recibe el país es devastador: la verdad está desprotegida. Y si informar se convierte en una actividad mortal, lo que está en juego no es solamente la libertad de prensa, sino el derecho de todos los peruanos a saber qué ocurre a su alrededor.
La falta de pronunciamiento oficial agrava aún más la situación. El silencio institucional no solo incrementa la incertidumbre, sino que también genera un ambiente de desconfianza. ¿Se investiga realmente? ¿Se está actuando con la urgencia que amerita? ¿Existe una estrategia para evitar que estos hechos se repitan? Hasta hoy, nada de eso está claro. Lo que se percibe es inacción, dispersión y una preocupante indiferencia ante una problemática que requiere una respuesta contundente.
Que en tres regiones distintas Ica, Loreto y La Libertad periodistas hayan sido asesinados bajo circunstancias violentas y aún no exista una línea de investigación definida en ninguno de los casos, es un síntoma de un país donde el crimen organizado, la violencia local o las mafias territoriales podrían estar actuando sin freno. Pero, paradójicamente, esa es solo una hipótesis entre muchas porque, sin indicios oficiales, todo queda en el terreno de la especulación. Y es precisamente allí donde la inseguridad se vuelve más poderosa: en el vacío.
El Perú no puede permitirse un escenario donde asesinar comunicadores se vuelva parte del paisaje cotidiano. Se requiere un pronunciamiento urgente, investigaciones transparentes y una política de protección real para quienes ejercen el periodismo. Los gremios de prensa ya han levantado su voz y han calificado estos hechos como ataques directos a la libertad de expresión. Pero esa voz no puede quedar sola. El Estado tiene la obligación constitucional de garantizar la seguridad de todos los ciudadanos y, con mayor razón, de aquellos cuya labor implica fiscalizar al poder y exponer actividades ilícitas.
Los asesinatos de periodistas en 2025 deben ser un punto de quiebre. Si como país permitimos que estos crímenes queden impunes y sin explicación, estaremos aceptando que la verdad puede ser eliminada a balazos y que quienes intentan contarla están solos. Y un país donde la verdad es silenciada es un país que renuncia a ser democrático.