El programa Reactiva Perú fue concebido como una respuesta urgente del Estado frente a la crisis económica provocada por la pandemia del covid-19. Su objetivo era claro: inyectar liquidez a las empresas para evitar quiebras masivas y proteger el empleo, utilizando al sistema financiero como canal y al Estado como garante. No obstante, a cinco años de su implementación, los hallazgos de la Contraloría General de la República revelan una realidad alarmante que exige responsabilidades claras y acciones inmediatas.
Según el órgano de control, más de 100 mil préstamos otorgados en el marco de Reactiva Perú se mantienen impagos por más de 90 días, lo que ha obligado al Estado a honrar garantías por miles de millones de soles. Este escenario no solo evidencia el alto nivel de incumplimiento previsto en el diseño del programa, sino, sobre todo, una grave falla en la supervisión posterior a la entrega de los recursos públicos. El problema no es únicamente que las empresas no hayan pagado, sino que la entidad encargada de velar por la correcta administración de estas garantías, COFIDE, no haya ejercido una supervisión efectiva para asegurar la recuperación del dinero del Estado.
La Contraloría ha sido clara al señalar que COFIDE no realizó una verificación sustantiva de los créditos honrados. Su labor se limitó, en muchos casos, a recibir expedientes enviados por las empresas del sistema financiero (ESF), sin revisar la consistencia de la información ni confirmar que los préstamos cumplieran con los requisitos de elegibilidad establecidos por el propio programa. Esta omisión debilita la capacidad del Estado para exigir la restitución de los recursos cuando corresponde y abre la puerta a posibles irregularidades.
Aquí surge un punto central del debate: las ESF fueron las responsables de evaluar, seleccionar y otorgar los créditos. Ellas conocían a los clientes, analizaron su riesgo y administraron los préstamos como parte de su cartera. Reactiva Perú exigía, además, que estos créditos recibieran el mismo tratamiento que los otorgados con recursos propios. Sin embargo, la falta de supervisión por parte de COFIDE impide saber si las entidades financieras agotaron realmente todas las acciones de cobranza antes de trasladar la carga al Estado.
El resultado es preocupante. Solo una fracción mínima del dinero honrado ha sido recuperada, mientras una parte significativa se perfila como pérdida definitiva para el erario nacional. En un país con enormes brechas sociales y necesidades urgentes en salud, educación e infraestructura, aceptar pasivamente que miles de millones de soles no puedan recuperarse constituye una grave irresponsabilidad.
El Ministerio de Economía y Finanzas ha anunciado ajustes normativos para facilitar la recuperación de la cartera, pero ha reiterado que la supervisión recae en COFIDE. Esta aclaración refuerza la urgencia de que dicha entidad asuma plenamente su rol y actúe con mayor firmeza frente a las ESF, exigiendo transparencia, eficiencia y resultados concretos en la recuperación de los créditos impagos.
Reactiva Perú cumplió un rol importante en un momento crítico, pero la emergencia no puede ser excusa para la falta de control. Hoy, la prioridad debe ser proteger los recursos públicos, identificar responsabilidades y asegurar que el Estado no termine pagando, una vez más, el costo de la desidia y la falta de supervisión.