La Asociación de Buzos Isla Blanca continúa manejando y administrando el Desembarcadero Artesanal Pesquero de Chimbote, pese a que el Gobierno Regional de Áncash resolvió el convenio mediante una resolución emitida en el mes de julio. A la fecha, dicha disposición no se ha hecho efectiva y la asociación sigue operando con total normalidad en el recinto.
Más grave aún, la entidad se dio el lujo de rechazar una diligencia de desalojo programada por el propio gobierno regional. Para ello, se amparó en un supuesto arbitraje interpuesto contra la Resolución Regional N.º 436-2025, argumento que fue suficiente para frenar el intento de recuperación del desembarcadero, pese a que más de una docena de funcionarios regionales se hicieron presentes en el lugar.
Según señaló Fredy Velásquez, anterior administrador del desembarcadero, este arbitraje no sería más que una maniobra dilatoria para mantenerse al frente de la administración del desembarcadero. De acuerdo con sus declaraciones, hasta el momento no existe ninguna diligencia concreta relacionada con dicho proceso arbitral, situación que ha sido tolerada por los funcionarios del gobierno regional, quienes —por falta de interés o decisión— han permitido que el tema quede en el limbo, tal como consta en el acta levantada el 15 de octubre.
En dicha acta se consigna que participaron en la diligencia altos funcionarios del Gobierno Regional de Áncash, entre ellos el gerente de Desarrollo Económico y la directora regional de Producción, considerada una pieza clave en este caso. Sin embargo, ninguno de ellos pudo avanzar en la ejecución del desalojo debido a la oposición de la asociación, que alegó la existencia del arbitraje.
El documento también señala que el arbitraje estaría dirigido contra la resolución que resolvió el convenio, bajo el argumento de una supuesta mala notificación. No obstante, este hecho pierde relevancia si se tiene en cuenta que el convenio culminó formalmente el 29 de setiembre, fecha a partir de la cual la Asociación de Buzos Isla Blanca ya no tendría ningún respaldo legal para continuar operando en el Desembarcadero Artesanal Pesquero.
Pese a ello, la asociación sigue administrando el recinto “a su manera” y generando ingresos que, según Fredy Velásquez, no estarían debidamente justificados. Esta situación no solo evidencia un grave vacío de autoridad, sino también una preocupante falta de control sobre un bien público estratégico para la actividad pesquera artesanal de Chimbote.