La Contraloría General de la República ha detectado graves irregularidades en el Proyecto Especial Chinecas, tras comprobar que dicha entidad contrató a una regidora distrital en ejercicio que se encontraba legalmente impedida de contratar con el Estado, vulnerando la normativa de contrataciones públicas y afectando la legalidad e integridad del uso de recursos públicos.
De acuerdo con el Informe de Acción de Oficio Posterior N.° 045-2025-OCI/5332-AOP, el Proyecto Chinecas contrató como proveedora de servicios legales a Susana Margarita Bustillos Oyanguren, actual regidora de la Municipalidad Distrital de Nuevo Chimbote para el periodo 2023–2026, pese a que su condición de autoridad electa le impedía celebrar contratos con entidades del Estado ubicadas dentro de su ámbito territorial.
La verificación realizada por la Contraloría en la información oficial del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) confirmó que Bustillos Oyanguren ostenta el cargo de regidora desde el 1 de enero de 2023, hecho acreditado mediante el acta de proclamación de autoridades municipales electas. Esta situación configura un impedimento expreso conforme a la Ley de Contrataciones Públicas, que prohíbe a alcaldes, regidores y otras autoridades contratar con el Estado dentro de su jurisdicción.
El informe señala que la Dependencia Encargada de las Contrataciones (DEC) del Proyecto Chinecas no realizó una adecuada fiscalización posterior, lo que permitió que la proveedora presentara una declaración jurada con información inexacta, al no consignar su condición de autoridad impedida de contratar con el Estado. Esta omisión contraviene los criterios establecidos por el ente rector de las contrataciones públicas, que obliga a las entidades a verificar la veracidad de la información presentada por los proveedores.
Adicionalmente, la Contraloría advirtió que la proveedora no cumplía con la experiencia específica mínima requerida en los términos de referencia. Si bien presentó una constancia de labores que acreditaba servicios prestados a una entidad edilicia desde 1999, se verificó que obtuvo el grado de abogada recién el 29 de octubre de 2020 y se incorporó al Colegio de Abogados del Santa el 30 de junio de 2021, fecha a partir de la cual recién puede computarse experiencia válida en el ejercicio profesional.
En consecuencia, la experiencia específica acreditable como abogada solo corresponde al periodo comprendido entre el 30 de junio de 2021 y el 31 de diciembre de 2022, equivalente a 1 año, 6 meses y 1 día, lo cual no cumplía con los requisitos establecidos por la entidad contratante.
Pese a estas irregularidades, el contrato fue perfeccionado y ejecutado, generándose un desembolso de S/ 10,500.00 de recursos públicos. La Contraloría concluye que el vínculo contractual se celebró sin cumplir un requisito esencial de validez, referido a la capacidad legal del contratista, por lo que el contrato estaría incurso en causal de nulidad, conforme al artículo 71 de la Ley N.° 32069, Ley General de Contrataciones Públicas.
El informe advierte que estos hechos evidencian serias deficiencias en los mecanismos de control del Proyecto Especial Chinecas y comprometen la responsabilidad de los funcionarios que permitieron la contratación irregular, por lo que se han dispuesto las acciones correspondientes para el deslinde de responsabilidades administrativas, civiles y penales, de ser el caso.