La reciente recuperación extrajudicial de terrenos municipales en el Bosque San Antonio por parte de la Municipalidad Provincial del Santa es una acción que merece respaldo ciudadano y, sobre todo, continuidad. No se trata únicamente de retirar viviendas precarias o cultivos ilegales; estamos ante un acto de defensa del patrimonio público y del medio ambiente, dos ámbitos históricamente vulnerados por la indiferencia y la falta de autoridad.
Durante años, la invasión de terrenos estatales ha sido una práctica recurrente en distintas zonas de la provincia. Predios destinados a áreas verdes, conservación ambiental o futuros proyectos públicos han sido ocupados sin ningún tipo de derecho, muchas veces bajo el amparo del silencio cómplice o la pasividad de las autoridades. El resultado ha sido un crecimiento urbano desordenado, la pérdida de ecosistemas y una peligrosa normalización de la ilegalidad.
En este contexto, la recuperación extrajudicial realizada en el Bosque San Antonio marca un precedente importante. La intervención no solo restituyó la posesión municipal de aproximadamente una hectárea invadida, sino que evidenció el grave daño ambiental ocasionado: tala indiscriminada de árboles, conversión de áreas naturales en chacras y uso irresponsable del suelo. Defender este espacio es proteger un pulmón natural que pertenece a toda la ciudadanía, no a intereses particulares.
Es importante subrayar que esta acción se realizó en estricto cumplimiento de la Ley N.° 30230, que faculta a las entidades del Estado a recuperar predios ocupados ilegalmente. No hubo improvisación ni abuso de autoridad, sino una diligencia coordinada entre distintas gerencias municipales, la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental y la Policía Nacional del Perú. El respeto al marco legal fortalece la legitimidad de la intervención y desmonta el argumento de supuestas arbitrariedades.
Sin embargo, recuperar terrenos no puede ser una acción aislada ni motivada solo por coyunturas mediáticas. La Municipalidad Provincial del Santa tiene el reto de establecer una política permanente de defensa de la propiedad pública. Ello implica identificar y sanear predios municipales, fortalecer la vigilancia, sancionar a quienes promueven o lucran con invasiones y, sobre todo, ofrecer alternativas de planificación urbana que eviten que la necesidad de vivienda se convierta en excusa para la ilegalidad.
Asimismo, es indispensable que las áreas recuperadas no queden nuevamente expuestas al abandono. La protección efectiva del Bosque San Antonio requiere planes de conservación, reforestación y uso sostenible, así como la participación activa de la comunidad en su cuidado.
Recuperar lo público es una obligación del Estado, no una opción. Cuando la autoridad actúa con firmeza y dentro de la ley, envía un mensaje claro: el patrimonio de todos no puede seguir siendo tierra de nadie. El desafío ahora es sostener esa decisión en el tiempo y convertirla en una política real de orden, legalidad y respeto al medio ambiente.