Desde la tercera semana de noviembre, cuando se publicó el decreto supremo mediante el cual el Ministerio de Economía y Finanzas anunciaba la transferencia de recursos a favor de la Autoridad Nacional de Infraestructura (ANIN) para continuar con las defensas ribereñas del río Lacramarca, se generó la expectativa lógica de que los problemas quedarían atrás y que las obras inconclusas finalmente entrarían en su fase final. La realidad, sin embargo, ha demostrado que el optimismo oficial no se condice con lo que ocurre en el terreno.
Lejos de normalizarse la situación, las protestas continuaron. Empresas que venían ejecutando trabajos denunciaron deudas impagas, responsabilizando directamente al contratista principal, OHLA (Obrascón Huarte Lain), por no honrar los compromisos asumidos. Este no es un detalle menor: sin pagos, no hay continuidad de servicios, no hay personal en campo y, en consecuencia, no hay obras que avancen. Ningún banner ni nota de prensa puede ocultar esa realidad.
Pese a ello, ANIN insistió en transmitir un mensaje de normalidad. El 11 del presente mes difundió una nota de prensa anunciando el reinicio de los trabajos, detallando tramos y porcentajes de avance. Se informó que el proyecto, con una inversión superior a los 657 millones de soles y un avance físico mayor al 85 %, beneficiará a más de 35 mil personas de Macate, Cáceres del Perú y Chimbote. Incluso se precisaron cifras muy puntuales: tramo 4 al 100 %, subproyecto A3 al 17.60 %, A2 al 93 % y A1 al 97.77 %. En el papel, todo parece marchar de manera casi impecable.
Sin embargo, la versión oficial vuelve a chocar con hechos concretos. Se ha hecho pública la disolución del contrato entre una empresa contratista y OHLA, así como la protesta de una empresa encargada de la vigilancia del proyecto, cuya matriz se encuentra precisamente en la sede de OHLA, en Nuevo Chimbote. Estos conflictos evidencian que existen problemas contractuales y financieros de fondo que no han sido resueltos y que afectan directamente la continuidad de los trabajos.
Aun así, ANIN ha vuelto a anunciar, esta vez con un despliegue gráfico más llamativo en redes sociales, que el proyecto ha sido reactivado gracias a una transferencia de 86 millones de soles. El mensaje es claro: las obras estarían en marcha y los beneficiarios serían miles. Pero mientras las desavenencias persistan, mientras las empresas sigan reclamando pagos y los contratos se sigan rompiendo, hablar de reactivación resulta, por decir lo menos, apresurado.
El problema de fondo parece repetirse en varios proyectos de defensas ribereñas a nivel nacional. La modalidad de ejecución bajo el esquema de gobierno a gobierno, sumada a la tercerización, ha generado una cadena de responsabilidades difusas donde, cuando surgen conflictos, nadie asume plenamente el costo político y administrativo. El resultado es siempre el mismo: retrasos, obras paralizadas y poblaciones expuestas a riesgos que se suponía debían mitigarse.
Mientras ANIN no resuelva estos problemas estructurales y contractuales, sus anuncios seguirán siendo solo eso: anuncios. La población del valle del Lacramarca no necesita comunicados optimistas, necesita obras terminadas y defensas ribereñas que realmente protejan sus vidas y sus bienes.