La inseguridad ciudadana ha dejado de ser un problema focalizado para convertirse en una amenaza extendida en toda la provincia del Santa. Chimbote ya no es el único escenario de hechos violentos: distritos como Santa se han visto afectados y ahora es San Jacinto donde se han registrado ataques armados, extorsiones y crímenes que, en algunos casos, han terminado con la pérdida de vidas humanas y, en otros, con personas gravemente heridas. El patrón es preocupante no solo por la violencia en sí, sino por la constante sensación de impunidad que rodea a estos casos.
Cada vez que ocurre un atentado, las respuestas oficiales suelen repetirse. Los jefes policiales informan que se trataría de ajustes de cuentas, extorsiones o disputas entre bandas, y que las investigaciones están en marcha. Sin embargo, con el paso de los días y las semanas, los casos se diluyen en el silencio. No se conocen capturas, no se informan avances concretos y, finalmente, la ciudadanía queda atrapada en la incertidumbre: ¿se resolvieron los hechos o simplemente pasaron a engrosar la larga lista de crímenes impunes?
Un ejemplo doloroso, ocurrió en San Jacinto, como fue el asesinato de dos personas vinculadas a una empresa constructora que recién iniciaba trabajos de pistas y veredas. Se sabía que la empresa era víctima de extorsiones y, según versiones policiales, incluso existieron intervenciones previas a los hechos con personas sospechosas. Pese a ello, hasta hoy no hay información clara sobre responsables ni resultados de la investigación. Este silencio oficial no hace más que reforzar la percepción de que el Estado llega tarde y se va pronto, dejando a los ciudadanos a merced de los delincuentes.
Es cierto que la inseguridad es un problema nacional. A diario, los medios de comunicación informan sobre asesinatos, balaceras y amenazas en distintas ciudades del país. También es válido señalar que las causas son múltiples y estructurales: un sistema de justicia lento, un Ministerio Público sobrecargado y un Poder Judicial que muchas veces no logra sancionar con firmeza. Pero reconocer estas falencias no puede servir de excusa para la inacción, menos aún a nivel local.
La Policía Nacional tiene una responsabilidad directa. No basta con patrullajes reactivos ni con declaraciones posteriores a los crímenes. Se requiere un trabajo de inteligencia profundo, sostenido y profesional, orientado a desarticular bandas, identificar redes de extorsión y cortar sus fuentes de financiamiento. Para ello, además, se necesita voluntad política, liderazgo claro de los mandos policiales y una depuración interna que sancione a quienes cruzan la línea de la legalidad y que erosionan la confianza ciudadana.
La inseguridad no se combate solo con más policías en las calles ni con pedidos recurrentes de estados de emergencia. Se enfrenta con estrategias integrales, coordinación real entre Policía, Fiscalía y Poder Judicial, y transparencia frente a la ciudadanía. Mientras los crímenes queden sin respuesta y las investigaciones sin resultados visibles, la pregunta seguirá rondando en Chimbote, en San Jacinto y en toda la provincia del Santa: ¿hay un verdadero trabajo policial o estamos, simplemente, a merced de los delincuentes?