El caso del mantenimiento de la carretera Santa–Chuquicara vuelve a poner en evidencia uno de los problemas estructurales más graves del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC): sus modalidades de ejecución, excesivamente burocráticas, lentas y alejadas de la realidad que viven los usuarios de las vías nacionales.
Desde que el proyecto fue anunciado públicamente el 4 de abril, con la presencia del alcalde de Santa, Alex Motta, han pasado ya ocho meses sin que se concluya siquiera la primera fase del proceso. Se trata de la elaboración del Diseño Ejecutivo del Programa de Trabajo (DEPT), paso previo a la ejecución del mantenimiento propiamente dicho. Si se cumplen las proyecciones oficiales, recién a fines de enero de 2026 se iniciaría la intervención en campo, lo que significará cerca de nueve meses dedicados únicamente a trámites y aprobaciones.
El problema es aún más grave si se tiene en cuenta que no estamos hablando de la construcción de una nueva carretera, sino de un mantenimiento de una vía existente de 67.41 kilómetros. Resulta difícil de explicar y más aún de justificar que para una intervención de esta naturaleza se requiera casi un año de procesos administrativos, cuando la realidad exige respuestas inmediatas.
Provías Nacional aplica un mecanismo estándar que, lejos de agilizar, entrampa la ejecución. Esta misma metodología se repite en otras carreteras de la región, especialmente en las vías de la sierra, como las que conectan Conchucos con La Libertad o las rutas hacia Sihuas, donde los mantenimientos se anuncian, pero rara vez se perciben en la práctica. Los plazos se alargan, las condiciones empeoran y la población queda a merced de caminos deteriorados y peligrosos.
En el caso específico de la carretera Santa–Chuquicara, existen tramos intransitables que afectan directamente a transportistas, agricultores, comerciantes y usuarios en general. Las quejas son constantes, no solo por el mal estado de la vía, sino por la frustración que generan los anuncios incumplidos. La población escucha fechas, compromisos y promesas, pero no ve maquinaria ni trabajos concretos.
Aquí es donde el MTC debe hacer una autocrítica profunda. Sus modalidades de ejecución no pueden seguir pensadas solo desde el escritorio limeño, sin considerar las urgencias territoriales. La excesiva tramitología, los interminables filtros técnicos y legales y la falta de mecanismos ágiles terminan convirtiendo al ministerio en un verdadero paquidermo burocrático, incapaz de responder oportunamente a las necesidades del país.
Este no es un problema aislado. Ya lo hemos visto antes con la Vía de Evitamiento, una obra que, pese a estar en funcionamiento, sigue arrastrando problemas por la ineficiencia administrativa del sector. Nada parece haber cambiado.
Si el MTC no revisa y moderniza sus sistemas y modalidades de ejecución, seguirá perjudicando a los usuarios, retrasando el desarrollo y poniendo en riesgo la seguridad vial. El mantenimiento de carreteras no puede esperar meses ni años. Las vías no entienden de expedientes ni de sellos: se deterioran todos los días, y con ellas, la paciencia y la confianza de la ciudadanía.
El caso Santa–Chuquicara debería servir como una alerta. O se cambia la forma de ejecutar, o se seguirá condenando a las regiones a caminos malos y promesas vacías.