Antes de culminar la semana anterior, la Subregión El Pacífico anunció oficialmente el lanzamiento de la licitación pública para la construcción del emblemático Colegio Inmaculada de la Merced. Se trata, sin duda, de la inversión más importante en infraestructura educativa de la región y, particularmente, de la provincia del Santa, no solo por el monto comprometido sino por el impacto que tendrá en la formación de miles de estudiantes.
Según la información oficial ya publicada en la plataforma del OSCE, la obra supera los 91 millones de soles, una cifra histórica para una institución educativa en nuestra jurisdicción. Este dato, lejos de ser solo un número, representa una enorme responsabilidad para el Estado y, en especial, para la entidad ejecutora, que tiene la obligación de garantizar un proceso de selección transparente, técnico y libre de cuestionamientos.
Nos encontramos en la recta final de un proceso que, en aproximadamente un mes, permitirá conocer a la empresa ganadora y proceder a la firma del contrato para el inicio de obra. Sin embargo, es precisamente en esta etapa donde se concentran los mayores riesgos. La experiencia nos ha demostrado que las obras públicas de gran envergadura suelen tropezar no por falta de presupuesto, sino por malas decisiones en la selección del contratista.
Los antecedentes sobran y no pueden ser ignorados. A nivel nacional, el Hospital El Progreso, ejecutado por el PRONIS del Ministerio de Salud, evidencia retrasos desde su etapa inicial, con responsabilidades claramente vinculadas a problemas contractuales. Cuando se elige al contratista se acepta como fianza una línea de crédito de una cooperativa de un pequeño pueblo norteño y ese problema nunca se corrigió.
En el ámbito local, la Municipalidad Provincial del Santa enfrenta la paralización del estadio El Polvorín tras resolver el contrato a una empresa que no cumplió con las obligaciones asumidas. En San Jacinto, la situación es aún más grave: la construcción del hospital quedó prácticamente paralizada luego de que la entidad financiadora inicial se retirara, perdiéndose recursos y tiempo valioso. Hasta hoy existen problemas para conseguir el dinero y se avanza de manera lenta.
Estos casos deben servir como advertencia. La licitación del Colegio Inmaculada de la Merced no puede convertirse en un nuevo ejemplo de improvisación, negligencia o intereses mal entendidos. Elegir al mejor postor no significa escoger la oferta más barata, sino a la empresa con solvencia técnica, experiencia comprobada y capacidad financiera real para ejecutar una obra de esta magnitud sin sobresaltos.
La ciudadanía espera que este proceso se desarrolle con absoluta transparencia y que los organismos de control cumplan un rol vigilante desde el inicio. La construcción de 65 aulas, talleres, laboratorios y moderna infraestructura educativa acorde a las exigencias actuales no admite errores ni excusas.
El Colegio Inmaculada de la Merced merece una obra bien hecha, sin paralizaciones ni adicionales injustificados. Esta licitación es una prueba de fuego para la gestión pública regional. Fallar no es una opción, porque lo que está en juego no es solo una inversión millonaria, sino el futuro educativo de toda una generación.