El Hospital de Huarmey se ha convertido en un símbolo preocupante de cómo una obra pública, aun bajo una modalidad que promete eficiencia como Obras por Impuestos, puede quedar atrapada en un laberinto de divergencias técnicas, contractuales y administrativas, mientras la población continúa esperando un servicio esencial. Lo más grave es que no se trata de un proyecto inconcluso por falta de recursos o de infraestructura: el hospital está casi terminado y prácticamente equipado, pero no funciona.
La Contraloría General de la República ha puesto el dedo en la llaga. Su informe revela que 13 equipos médicos no cumplen con lo establecido en el expediente técnico y que, además, no se han presentado las garantías de fábrica de 144 equipos médicos, un requisito básico y obligatorio. Estas observaciones no son menores ni caprichosas. El expediente técnico es la hoja de ruta que garantiza que la infraestructura y el equipamiento respondan a estándares de calidad, seguridad y funcionalidad. Ignorarlo o relativizarlo equivale a comprometer el servicio de salud que se brindará durante décadas.
Sin embargo, el problema va más allá del equipamiento. Lo que queda en evidencia es una incapacidad para resolver discrepancias entre el supervisor del proyecto y el contratista. Estas divergencias han paralizado la etapa final del equipamiento y, con ello, la recepción y puesta en funcionamiento del hospital. Peor aún, se ha informado que existen procesos arbitrales desde el año 2023, lo que demuestra que las controversias no son recientes ni fortuitas, sino arrastradas en el tiempo sin una solución eficaz.
Aquí surge la pregunta inevitable: ¿quién asume la responsabilidad de destrabar este proyecto? No es aceptable que las diferencias técnicas y contractuales se eternicen mientras una provincia entera sigue sin hospital. Alguien o varias instancias debe tomar decisiones firmes y oportunas. El PRONIS, como unidad ejecutora; el Ministerio de Salud, como ente rector; y la empresa privada que financia y ejecuta la obra bajo Obras por Impuestos, tienen obligaciones claras. Ninguna puede escudarse indefinidamente en arbitrajes o interpretaciones técnicas.
Resulta increíble y alarmante que el hospital no esté operativo cuando la fecha contractual de culminación fue abril de 2023. Hoy, cuando ya estamos cerrando el año 2025, Huarmey sigue esperando. Son más de dos años de retraso en una infraestructura crítica, en una provincia que perdió su hospital tras el Fenómeno de El Niño Costero y que, desde entonces, arrastra una brecha sanitaria inaceptable.
La modalidad de Obras por Impuestos nació para agilizar la inversión pública, reducir la burocracia y acelerar la entrega de servicios a la ciudadanía. Cuando un proyecto de esta naturaleza termina entrampado en disputas prolongadas, se desnaturaliza su esencia y se erosiona la confianza en el modelo. El riesgo es doble: por un lado, el deterioro de equipos médicos ya instalados y no utilizados; por otro, la frustración social de una población que ve un hospital terminado, pero cerrado.
El Hospital de Huarmey no necesita más diagnósticos ni informes. Necesita decisiones, liderazgo y voluntad política. La salud no puede seguir esperando a que los expedientes, los arbitrajes y las discrepancias se alineen. Cada día de retraso no es solo un incumplimiento contractual: es una deuda social que sigue creciendo.