El inicio de un nuevo año siempre llega cargado de expectativas, deseos y compromisos pendientes. Es un momento propicio para la reflexión colectiva, para evaluar lo avanzado y reconocer aquello que sigue siendo una deuda con la ciudadanía. Este nuevo año que comienza no será uno cualquiera: estará marcado de manera decisiva por el proceso electoral, un escenario en el que el país deberá tomar decisiones trascendentales que definirán su rumbo político, social y económico en los próximos años.
La elección de las nuevas autoridades no es un acto menor ni un simple trámite democrático. Es, por el contrario, una oportunidad para corregir errores, exigir responsabilidad y apostar por liderazgos que realmente comprendan las necesidades de la población. En un contexto donde la desconfianza hacia la clase política es evidente, el reto es doble: por un lado, que los ciudadanos ejerzan su derecho al voto de manera informada y consciente; por otro, que quienes aspiren a gobernar presenten propuestas serias, viables y, sobre todo, honestas.
Sin embargo, mientras el país se encamina hacia ese proceso electoral, los actuales gobernantes tienen una responsabilidad ineludible. No pueden caer en la tentación de la indiferencia ni del cálculo político. Gobernar hasta el último día implica trabajar pensando en el bien común, sin excusas ni distracciones. La gestión pública no debe paralizarse por el calendario electoral, sino fortalecerse con acciones concretas que demuestren compromiso con la ciudadanía.
Uno de los problemas más urgentes que exige atención inmediata es la inseguridad ciudadana, un flagelo que crece sin control y afecta la vida diaria de millones de peruanos. Asaltos, extorsiones y hechos de violencia se han vuelto parte de la rutina en barrios, mercados y vías públicas. Esta situación genera miedo, desconfianza y un profundo deterioro del tejido social. No basta con anuncios ni medidas temporales; se requiere una estrategia integral, articulada entre el gobierno central, los gobiernos regionales y locales, así como las fuerzas del orden.
La lucha contra la inseguridad debe ser una prioridad real y no un discurso recurrente. Implica fortalecer a la Policía Nacional, mejorar la inteligencia, invertir en prevención y recuperar los espacios públicos. Pero también supone enfrentar las causas estructurales del problema: la falta de oportunidades, el desempleo y la debilidad institucional. Si no se actúa con firmeza ahora, el próximo gobierno heredará una situación aún más compleja.
Este nuevo año también debe ser una oportunidad para recuperar valores fundamentales como la transparencia, la ética y el servicio público. La ciudadanía está cansada de promesas incumplidas y de autoridades que anteponen intereses personales o partidarios al bienestar colectivo. La política debe volver a ser entendida como una herramienta para servir, no para servirse.
Que este año nos deje cosas positivas dependerá, en gran medida, de la madurez democrática de todos: gobernantes que cumplan su deber, candidatos que asuman con responsabilidad su aspiración al poder y ciudadanos que participen activamente en la construcción del país que desean. El futuro está en juego y no hay espacio para la improvisación. Comenzamos un año decisivo; que esté guiado por decisiones correctas, compromiso real y la firme convicción de trabajar por un Perú más seguro, justo y esperanzador.