Elecciones Regionales y Municipales 2026:
Con la convocatoria oficial a las Elecciones Regionales y Municipales 2026 y la publicación de toda la normativa que regirá este proceso, el país ha ingresado formalmente a una etapa clave para su futuro inmediato. No se trata solo de elegir gobernadores, alcaldes, regidores y consejeros; estamos ante una decisión trascendental que impactará directamente en la calidad de vida de millones de peruanos y en la capacidad del Estado para responder a las demandas más urgentes de la población.
El Jurado Nacional de Elecciones ha cumplido con su rol institucional al aprobar y difundir de manera oportuna los reglamentos y disposiciones que ordenan el proceso electoral. La claridad en las reglas de juego es fundamental para garantizar elecciones transparentes, predecibles y legítimas. Normas sobre propaganda electoral, neutralidad estatal, fiscalización de conductas prohibidas, hoja de vida de los candidatos, voto digital, recuento de votos y nulidades, entre otras, buscan cerrar espacios a la improvisación, al abuso de recursos y a prácticas que históricamente han deteriorado la confianza ciudadana en la política.
La actualización del cronograma electoral, en concordancia con la nueva legislación sobre afiliación partidaria, también es una señal de orden y respeto al marco legal. Las elecciones primarias obligatorias, por ejemplo, representan un paso importante para democratizar la selección de candidatos y reducir la imposición de postulantes sin arraigo ni respaldo real. Sin embargo, su eficacia dependerá de la voluntad de las organizaciones políticas de cumplir no solo la letra, sino el espíritu de la norma.
Este proceso electoral se inicia en un contexto complejo. Los gobiernos regionales y municipales arrastran una pesada carga de descrédito producto de gestiones ineficientes, casos de corrupción, obras inconclusas y una alarmante incapacidad para ejecutar presupuestos. A ello se suma el creciente descontento ciudadano frente a la inseguridad, el deterioro de los servicios públicos, la falta de planificación urbana y el abandono de zonas rurales y periféricas. Elegir mal nuevamente tendría consecuencias graves.
Por ello, la responsabilidad no recae únicamente en los organismos electorales. Los partidos y movimientos regionales están llamados a presentar candidatos idóneos, con trayectoria limpia, capacidad de gestión y compromiso con el bien común. No basta cumplir requisitos formales ni llenar listas; se requiere liderazgo real, conocimiento del territorio y propuestas viables. La política local no puede seguir siendo refugio de improvisados ni plataforma de intereses personales.
La ciudadanía, por su parte, tiene un rol decisivo. Informarse, exigir debates, revisar las hojas de vida, rechazar el clientelismo y denunciar irregularidades son acciones esenciales para fortalecer la democracia. El voto no debe ser un acto rutinario ni condicionado por regalos o promesas vacías, prácticas expresamente prohibidas y sancionadas por la normativa vigente.
Las Elecciones Regionales y Municipales 2026 representan una oportunidad para corregir el rumbo y sentar bases más sólidas para el desarrollo local y regional. Las reglas están claras y el proceso ya está en marcha. Ahora corresponde a los actores políticos y a los ciudadanos estar a la altura del desafío. El destino de nuestras ciudades y regiones, y en buena medida del país, se juega en octubre. Elegir con responsabilidad no es una opción: es una obligación democrática.