Por: Fernando Zambrano Ortiz
Analista Político
En el Perú de hoy, la sensación dominante en las calles no es tranquilidad, sino miedo. Miedo a salir temprano a trabajar, a cerrar tarde un negocio, a que una llamada desconocida sea una amenaza. Mientras tanto, los delincuentes actúan con una seguridad que debería pertenecer únicamente al Estado. Esta inversión del orden natural no es casual: es el resultado de años de debilitamiento de la autoridad y de un mensaje peligroso que normalizó el delito.
La extorsión, por ejemplo, se ha convertido en una práctica cotidiana en muchas ciudades. Y eso es inaceptable. La extorsión no es “parte del paisaje urbano”, no es un “mal inevitable”: es un delito que debe ser enfrentado con decisión. Para ello, no bastan discursos ni operativos aislados. Se requiere una Policía equipada, con tecnología moderna, inteligencia operativa y, sobre todo, coordinación real con el Ministerio Público y el Poder Judicial. Sin ese engranaje funcionando, el crimen siempre irá un paso adelante.
Pero más allá de los recursos, el problema es de autoridad. Un Estado que no hace respetar la ley deja de ser Estado. Y sin ley, no hay país posible. La autoridad no es abuso, ni autoritarismo; es el ejercicio legítimo del poder democrático para proteger al ciudadano honesto, al que trabaja, al que cumple las normas y solo pide vivir en paz.
Recuperar el orden es una tarea urgente y prioritaria. Significa que la ley se cumpla sin excepciones, que el delincuente tenga miedo de delinquir y no al revés, y que la calle vuelva a pertenecer a la gente decente. El orden no limita la libertad: la hace posible. Sin seguridad, no hay trabajo; sin trabajo, no hay progreso; y sin progreso, no hay futuro.
El mensaje debe ser claro y firme: el Estado recupera la autoridad, la ley se respeta y el ciudadano vuelve a vivir tranquilo. Ese es el punto de partida para reconstruir la confianza y devolverle al país el rumbo que nunca debió perder.
El país debe tomar una decisión clara e inaplazable: o se impone el orden y se respeta la ley, o se consagra el caos. No hay punto medio. La autoridad del Estado no se negocia ni se relativiza. La ley se cumple, el delito se sanciona y el ciudadano honesto es protegido. Todo lo demás es renuncia. Y un Estado que renuncia a ejercer autoridad, simplemente deja de existir.