El inicio del año ha traído consigo una reunión clave entre el alcalde de Nuevo Chimbote, el ministro de Vivienda, Wilder Sifuentes, y representantes de la Agencia Francesa para el Desarrollo (AFD), con el objetivo de abordar la situación del proyecto denominado “Grandes Ciudades”. Esta iniciativa, que busca dotar de servicios de agua potable y alcantarillado a más de cien pueblos del distrito, es una de las obras de saneamiento más importantes de los últimos años. Sin embargo, pese a los anuncios optimistas realizados a finales de 2025, la realidad demuestra que el proyecto aún enfrenta observaciones técnicas y presupuestales que impiden continue el proceso financiación como es el endeudamiento externo con la Agencia Francesa de Desarrollo.
Durante los últimos meses se difundieron documentos que daban a entender que todo estaba listo para acceder al financiamiento externo. No obstante, informes del Ministerio de Economía y Finanzas, específicamente de la Dirección General de Gestión de Inversiones, revelan que aún existen observaciones que deben ser levantadas. Estas no son meros detalles administrativos: se trata de aspectos técnicos y modificaciones presupuestales que condicionan la viabilidad del endeudamiento externo solicitado para financiar la obra.
La presencia de la AFD en las reuniones demuestra que el interés internacional por este proyecto es real. Incluso se han contratado estudios y emitido opiniones técnicas, lo cual refleja que hay un compromiso de cooperación. Sin embargo, la participación extranjera no garantiza, por sí sola, que los problemas internos se resuelvan con rapidez. La pelota, como bien se ha dicho, sigue en la cancha del Programa Nacional de Saneamiento Urbano (PNSU), entidad ejecutora del Ministerio de Vivienda, que debe articular esfuerzos para destrabar el proceso.
Mientras tanto, más de cien pueblos continúan esperando algo tan básico como el acceso a agua potable y desagüe. En pleno siglo XXI, resulta inadmisible que miles de familias sigan viviendo entre aguas servidas, pozos sépticos improvisados y riesgos sanitarios permanentes. El saneamiento no es un lujo: es un derecho fundamental y una condición mínima para la salud pública, la dignidad humana y el desarrollo urbano.
Es positivo que el alcalde haya tomado la iniciativa de acudir al despacho ministerial para conocer de primera mano las observaciones del MEF. Esa actitud demuestra preocupación por destrabar el proyecto. Sin embargo, también evidencia que la información previa no fue del todo clara y que se generaron expectativas que hoy no se corresponden con la realidad. La transparencia en la gestión pública es clave para no alimentar falsas esperanzas en la población.
El proyecto “Grandes Ciudades” no puede seguir atrapado en el laberinto burocrático. Los informes, oficios y observaciones deben convertirse en soluciones concretas. El Estado, en todos sus niveles, tiene la obligación de priorizar este tipo de obras, porque su impacto social es enorme. No se trata solo de tuberías y conexiones, sino de mejorar la calidad de vida de miles de ciudadanos que han sido postergados por décadas.
La población espera resultados, no más trámites. Y la historia juzgará a las autoridades no por las reuniones que sostuvieron, sino por las obras que lograron ejecutar.