Por: Fernando Zambrano Ortiz
Analista Político
La corrupción no solo vacía las arcas del Estado. Vacía también las oportunidades de millones de personas. Cada vez que un funcionario roba, no se pierde solo dinero: se pierde un puesto de trabajo, una obra que no se termina, un servicio que nunca llega. La corrupción no es un problema lejano ni técnico; se siente en la vida diaria de la gente.
Basta recorrer cualquier ciudad o provincia para encontrar obras abandonadas. Pistas a medio hacer, colegios inconclusos, hospitales que quedaron en planos. Detrás de esos proyectos paralizados hay familias que se quedaron sin empleo y vecinos que siguen esperando agua potable, transporte digno o atención médica. Lo que se detiene no es solo el cemento: se detiene el progreso.
Lo más preocupante es que durante años este daño se volvió costumbre. Se aceptó la idea de que robar desde el Estado era parte del juego, como si no hubiera alternativa. Esa normalización es profundamente injusta, porque castiga siempre a los mismos: a los que cumplen la ley, a los que trabajan, a los que esperan respuestas que nunca llegan.
Un Estado atrapado por la corrupción no puede ser eficiente. No planifica bien, no ejecuta bien y no sirve bien. Por eso, hablar de desarrollo sin enfrentar este problema de raíz es engañarnos. No hay crecimiento posible cuando el dinero público termina en bolsillos privados y no en obras que cambien vidas.
Pero también hay una verdad que merece ser dicha con claridad: en el Estado hay miles de servidores públicos honestos. Personas que hacen su trabajo con esfuerzo y compromiso, muchas veces en condiciones difíciles. Ellos no pueden seguir pagando el precio de un sistema que no los protege. Un país que no cuida a sus funcionarios honestos termina quedándose solo con los corruptos.
La salida es clara y no admite excusas. Transparencia real, controles efectivos y sanciones firmes. Cero tolerancia significa que quien roba responde ante la ley, sin privilegios ni protecciones. Y significa también que el servicio público vuelve a tener un solo propósito: servir al ciudadano.
Combatir la corrupción no es una consigna política, es una necesidad urgente. Es la única forma de que las obras se terminen, de que los servicios lleguen y de que el trabajo digno vuelva a ser una oportunidad real. Porque cuando el Estado se limpia, el país avanza. Y cuando se permite que la corrupción siga, lo que se pierde no es solo dinero: se pierde el futuro.